El presidente catalán destituido, Carlos Puidgemont, anunció que no pedirá asilo político en Bélgica, aunque pretende permanecer en el país hasta tener seguridad jurídica.
“Este no es un problema belga”, afirmó en una rueda prensa muy concurrida en Bruselas. Según Puidgemont, su presencia en la capital belga responde únicamente a la “necesidad de tener un local seguro” para continuar trabajando por la independencia de la comunidad autonómica española.
El líder independentista se dijo víctima de un “deseo de venganza” de Madrid y denunció lo que considera una “politizacion de la justicia española”.
“No hemos abandonado el gobierno. Estoy convencido, por las informaciones que he obtenido, que si permaneciera (en Barcelona) habría una nueva oleada de violencia de parte del gobierno español y no quería infligir eso a mi pueblo”, afirmó.
Puidgemont aseguró que no pretende huir a la acción de la justicia, pero se dijo convencido de que su juicio en España no sería justo.
Calificó la suspension de la autonomía de Cataluña y los cargos en su contra como una “ofensiva altamente agresiva y sin precedentes contra el pueblo de Cataluña”.
Afirmó que el gobierno regional catalán ha siempre estado abierto al diálogo “franco”, pero el gobierno español prefirió ignorar el problema independentista y “responder con la represión”.
“El diálogo ha siempre sido prioridad del gobierno y del pueblo de Cataluña”, aseguró.
MESA DE PARLAMENTO CATALÁN DECLARARÁ ANTE SUPREMO
Los miembros de la Mesa del Parlamento catalán (su órgano de gobierno), entre ellos su presidenta, Carme Forcadell, tendrán que declarar ante el Tribunal Supremo español los días 2 y 3 de noviembre, acusados de rebelión, sedición y malversación.
El alto tribunal español se declaró hoy competente para investigar y, en su caso enjuiciar, a los seis miembros de la Mesa de la Cámara que permitieron que se llevará a cabo el pasado viernes la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Por esta actuación, la Fiscalía española acusó ayer a Forcadell y a los miembros independentistas de la Mesa. Todos los acusados pertenecen a la coalición gubernamental Junts pel Sí (JxSí) -formada por independentistas de centro y por republicanos de izquierda- y un miembro del grupo CSQP (izquierda).
Los investigados deberán estar acompañados de sus abogados, según explica el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, o se les asignará uno de oficio.
El magistrado decidirá después si procede adoptar medidas cautelares, si se las pidiera el fiscal, y también todas las diligencias necesarias para avanzar en la investigación.
El Ministerio Público considera que dieron una “falsa apariencia de legalidad” al proceso independentista y tramitaron leyes como la del referéndum, que “solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada”.
Afirma, además que actuaron en un “concierto de voluntades” con el Gobierno regional de Cataluña para llegar a la declaración formal de independencia, obtenida “por la fuerza de los hechos consumados y por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden público” y en contra de la Constitución y “los fundamentos del Estado Español”.
En magistrado encargado de investigar la causa en el Supremo es Pablo Llarena, que deberá decidir si cita a los investigados y otras diligencias que pueda realizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares si se las pidiera el fiscal.
El Supremo se considera competente para investigar la denuncia ya que Forcadell y los otros cuatro querellados tienen un fuero especial al mantenerse como diputados, como miembros de la
Diputación Permanente del Parlamento catalán (órgano que mantiene la actividad de la Cámara hasta que se lleven a cabo las nuevas elecciones.
Además, según sostiene la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana, por lo que sería competente el Supremo, como tribunal que tiene competencia sobre todo el Estado.
La Fiscalía ya denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado mes de septiembre a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluido su presidenta, que votaron a favor de admitir a trámite las leyes del Referéndum y Transitoriedad, que pusieron en marcha el proceso independentista.
Carles Puigdemont asiste a una conferencia de prensa en Bruselas, Bélgica (Reuters)
PUIGDEMONT VOLVERÁ A ESPAÑA CUANDO TENGA “GARANTÍAS”
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afirmó en una rueda de prensa en Bruselas que volverá a España “rápidamente” si hay “garantías” judiciales.
“Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo. Si es así, volveremos rápidamente”, dijo.
PUIGDEMONT AFIRMA QUE DECIDIÓ DAR PRIORIDAD A LA PRUDENCIA
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont destacó en Bruselas que el Gobierno catalán decidió dar prioridad a la “seguridad, la prudencia y la moderación”.
“Ante unos datos contrastados que indicaban que el Gobierno español planteaba una ofensiva altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña y funcionarios que se mantuvieran fieles al Gobierno legítimo (…) el viernes acordamos que el Gobierno priorizaría la prudencia, la seguridad y la moderación”, dijo Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas.
Con información de Notimex y EFE
HVI
