El Consejo de la Judicatura Federal confirmó el cambio a Tapachula, Chiapas, del juez, Gerardo Moreno García, responsable de solicitar, en febrero, el traslado a Ciudad de México de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, quien está preso en Chihuahua, acusado por el presunto desvío de recursos públicos por 246 millones de pesos.
La Judicatura explicó su decisión como una rotación normal, independientemente de que el juez Moreno García estuviera a cargo de un caso de alto impacto mediático.
Este cambio de juez ocurre a 11 días de que agentes del Ministerio Público y policías federales llegaron a Chihuahua para realizar el traslado de Alejandro Gutiérrez a un penal de Ciudad de México para cumplimentar la resolución de la justicia federal y de un juez local. El traslado fue impedido por agentes de la Fiscalía de Chihuahua.
Esto coincide con la resolución que se publicó este miércoles en la lista de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se notificó a la Consejería Jurídica de Chihuahua que tiene tres días hábiles para enviar un reporte explicando las acciones que ha tomado para cumplir con dicha orden.
En marzo pasado, un juez del estado de Chihuahua determinó que el caso de peculado donde están involucrados el exsecretario adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y los exfuncionarios del gobierno de César Duarte, Gerardo Villegas Madriles y Antonio Tarín García, debe mantenerse en la instancia estatal y no en la federal.
En Chihuahua, luego de una audiencia que duró poco más de 10 horas, donde el Ministerio Público y los abogados de los señalados presentaron sus argumentos, el juez tomó la decisión de que la autoridad judicial estatal tiene la facultad de enjuiciarlos y no el poder judicial de la Federación.
El juez hizo mención a una serie de amparos federales que los imputados promovieron en contra de los juicios que se llevan en su contra, los cuales fueron rechazados por los jueces federales y explicó que, si los jueces que determinaron improcedentes los amparos no encontraron que era competencia federal el caso, según la lógica, el caso debía permanecer en jurisdicción estatal.
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Con información de Mario Torres
LHE
