Por unanimidad de 265 votos a favor el pleno de la Cámara de Diputados dio entrada al proceso de juicio político contra Rosario Robles, por diversas irregularidades cuando se desempeñó como funcionaria federal.
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La acusación se hará ante el Senado de la República por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos, con lo que la Cámara de Diputados se erigirá como órgano de acusación este jueves 19.
De acuerdo con la Sección Instructora, se concluyó que ha lugar a acusar ante el Senado a Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos y recomienda que sea sancionada con la inhabilitación por 20 años para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Las conclusiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en el juicio político SI/LXIV/JP/01/2019 señalan que “ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, cometidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, cuando fue funcionaria federal.
Ello, agrega, en violación de los artículos 126 y 134 constitucionales, así como de diversas disposiciones de las leyes federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica de la Administración Pública Federal, de Responsabilidades Administrativas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, convocó a la sesión de este jueves “de conformidad con lo que establece el Artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Comuníquese al denunciante y a la imputada.
En las conclusiones, la Sección Instructora recomienda que Robles Berlanga sea sancionada con la inhabilitación para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de 20 años.
Indica que están legalmente comprobadas las conductas y hechos que fueron motivo de la denuncia presentada, en virtud de que los elementos de prueba que obran en autos son suficientes para demostrar que durante su desempeño al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se implementó una red de desviación de recursos públicos con un modus operandi sistemático y continuado.
Precisó que fueron suscritos y ejecutados contratos, convenios e instrumentos jurídicos en forma irregular, con la participación concertada de servidores públicos de las dependencias señaladas, titulares y personal diverso de universidades e instituciones de educación superior, titulares de organismos estatales de radiodifusión.
Así como personas físicas o morales de derecho privado, por vía de los cuales fueron canalizados recursos públicos hacia fines ajenos a los previstos en los presupuestos de Egresos de ambas dependencias correspondientes a los ejercicios de los periodos comprendidos entre los años 2012 a 2018.
Posteriormente, con 265 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno aprobó el acuerdo que rige la sesión de la Cámara de Diputados como órgano de acusación para conocer las conclusiones emitidas por la Sección Instructora en el procedimiento de juicio político.
Con información de Notimex
HAVJ
