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Cae expolicía ligado con desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa

Cae expolicía ligado con desaparición normalistas Ayotzinapa

Carteles que muestran a dos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (Archivo/AP)

Las autoridades mexicanas detuvieron en el sur del país a un expolicía municipal de Iguala que es señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en 2014.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo este domingo en conferencia de prensa que el arresto se llevó a cabo en el estado de Guerrero por parte de personal de la Policía Federal y elementos de la fiscalía de esta región.

El sujeto, identificado únicamente como Alejandro “N”, cuenta “con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.

El expolicía es “probable responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014”, indicó el secretario.

Durante la detención, que se dio dentro del operativo de seguridad Escudo Titán, “no fue necesario realizar un solo disparo”, dijo Navarrete.

De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros de un grupo criminal, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero.

No obstante, esta versión ha sido puesto en duda tanto por los familiares como por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes después de hacer una investigación manifestaron las incoherencias del relato del Gobierno y resaltaron la necesidad de desarrollar otras líneas de investigación.

Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la indagatoria del caso Iguala, y el Ejecutivo ha expresado su intención de concluir el caso.

COMPROMISO PARA ESCLARECER CASO AYOTZINAPA

Como parte de su cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su compromiso con la atención al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, una representación de alto nivel del Gobierno de la República participó a principios de mayo del presente año en una audiencia pública celebrada en el marco del 168 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Se informó que la referida audiencia ofreció la oportunidad para compartir información actualizada sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, en específico en lo que se refiere a los avances registrados en materia de investigaciones, búsqueda y atención integral a las víctimas.

Asimismo, permitió reafirmar el compromiso del Gobierno de la República con el esclarecimiento de los hechos del caso y sanción a los responsables.

En ese marco, la representación del Gobierno subrayó los avances más relevantes en las investigaciones y las acciones de búsqueda, a la luz del cronograma de trabajo acordado con la propia Comisión y con los beneficiaros y sus representantes.

Se destacaron las nuevas consignaciones de presuntos responsables, así como el resultado de las gestiones de la Procuraduría General de la República, que permitió unificar las distintas causas penales ante un solo juzgado y asegurar así su atención integral.

Por otro lado, se hizo referencia al documento de observaciones del Gobierno al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y, en ese respecto, se subrayó que las mismas buscan aclarar cuestiones sustantivas importantes en torno a las alegaciones de presuntas irregularidades en la investigación del caso, además que se trató de conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones. Asimismo, se recordó que el documento con la postura del Gobierno es público, y que su contenido resulta relevante para el trabajo de la CIDH en el marco de la labor del mecanismo de seguimiento.

Con su participación en la audiencia ante la CIDH, el Gobierno de la República reiteró su determinación de agotar todos los esfuerzos a su alcance, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia en el caso, y atender así las demandas legítimas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de la sociedad mexicana en su conjunto.

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Con información de EFE

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