El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió este miércoles por la noche el fallo de juez que otorgaría la libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Aunque un ministro del tribunal brasileño ordenó este miércoles por la mañana que se pudiera soltar a reos condenados en segunda instancia con algún recurso de apelación disponible, horas después el presidente de dicho organismo, José Antonio Dias Toffoli, optó por suspender la decisión atendiendo a un pedido que poco antes había hecho la procuradora general brasileña, Raquel Dodge, en el que manifestó su rechazo a la liberación de presos.
Dodge mostró su oposición al fallo de Marco Aurélio, el juez que había tomado en soledad la decisión de liberar reos, ya que, en su opinión, viola el principio de colegialidad del máximo tribunal de justicia.
Aurélio es el relator en el máximo tribunal del proceso que analiza si es constitucional que quienes fueron condenados por un juez y luego recibieron otro fallo desfavorable ante una cámara revisora empiecen a cumplir pena en prisión, aun y cuando todavía puedan recurrir a una apelación.
El 10 de abril, el plenario del máximo tribunal juzgará finalmente la constitucionalidad de la figura jurídica de sentencia en segunda instancia. Hasta ese entonces, la resolución de Aurélio de este miércoles quedará suspendida.
Tanto el presidente del STF como la procuradora coincidieron en que hasta ahora los fallos que el STF emitió han considerado constitucional que los condenados por un tribunal revisor comiencen a cumplir pena en la cárcel.
Dias Toffoli es el único miembro del STF en funciones luego de que esta tarde comenzara el receso judicial, por eso debió decidir.
Pese al carácter preliminar o cautelar, el fallo de Aurelio era de carácter vinculante para todos los jueces del país, aunque no de aplicación automática.
Sin embargo, la rápida apelación de Dodge y el fallo del presidente del STF abortaron la posibilidad de que fuera aplicado en algún caso.
La resolución de Aurélio pudo haber beneficiado al expresidente Da Silva, quien está detenido en Curitiba desde el 7 de abril, cumpliendo una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Según un comunicado de la Procuraduría General brasileña, además de Da Silva, alcanzaba a 169 mil presos en todo el país.
Conocida la decisión de Aurélio, la defensa de Da Silva se presentó de inmediato ante la Justicia de Curitiba y pidió la liberación del expresidente.
“Se torna imperioso el cumplimiento de la decisión emanada de la Suprema Corte”, reclamó el equipo de abogados en una nota presentada ante el tribunal.
La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia y la defensa del exmandatario apeló la decisión, la cual está en trámite.
Con información de AP.
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