El Ministerio de Justicia de Bolivia comenzó a trabajar en un decreto de amnistía para parar los procesamientos de las personas acusadas de terrorismo y sedición por su implicación en las protestas de 2019, desatadas a raíz de las fallidas elecciones de octubre, que derivaron en la dimisión del entonces presidente, Evo Morales.
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El viceministro de Justicia, César Siles, espera “dejar sin efecto legal” esos procesamientos, de los que hizo bandera el Gobierno de Jeanine Áñez. Así se lo ha tasladado a familiares de personas afectadas por las protestas, a las que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha prometido proteger, según el diario ‘La Razón’.
Siles también ha confirmado una inminente revisión del decreto de reparación de daños por algunas de las principales masacres. La abogada de las víctimas de la violencia en Senkata (El Alto), Nadesda Guevara, ha asegurado que el anterior decreto “no fue consensuado” y se aprobó en el marco de una “persecución política y judicial” a las víctimas.
El documento aprobado por el anterior Gobierno contempla indemnizaciones de 100.000 bolivianos a más de una treintena de familias, pero este alcance sería insuficiente en opinión de las víctimas. Entre las demandas que ha planteado Guevara, figura que no solo se tenga en cuenta el daño físico, sino también el “psicológico, moral, social, familiar”.
Con información de Europa Press
HAVJ
