El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa, envió cartas separadas al presidente de la Cámara, senador Pablo Escudero, así como al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), senador Fernando Herrera.
Les plantea la necesidad de que los coordinadores parlamentarios, mediante un acuerdo parlamentario, soliciten al presidente del Senado, que presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se pronuncie sobre los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, que fueron expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el pasado mes de diciembre.
En conferencia de prensa, el senador Barbosa confirmó su solicitud a los órganos de gobierno del Senado por considerar que algunas disposiciones son inconstitucionales.
“Hoy yo me dirigí tanto a Fernando Herrera como Pablo Escudero por razones jurídicas, para establecer los motivos por los cuales estoy pidiendo que la Jucopo acuerde que el presidente del Senado debe de interponer una controversia constitucional por las razones que ahí están”, señaló Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD.
En su misiva, el senador Barbosa enumera las contradicciones de los lineamientos fundamentalmente con lo establecido en la Constitución en sus artículos 5 y 6 en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
En lo relativo a la obligación que busca imponer el IFT para que los presentadores de información adviertan de manera expresa y clara cuando manifiestan una opinión y cuando se refieren expresamente a información noticiosa, el senador Barbosa advierte que esto constituye una restricción injustificada y desproporcionada al derecho fundamental de libertad de expresión.
Explica que no es necesario realizar esa distinción porque incluso la Corte ha emitido ya criterios al respecto y los cita textualmente.
El senador Barbosa también argumenta que el IFT en sus lineamientos establece limitaciones a los contenidos que se basan en categorías sumamente abiertas como el término “uso correcto del lenguaje” o la disposición de que “los contenidos dirigidos a las audiencias infantiles no contengan mensajes subliminales o subrepticios”, sin que el instituto especifique cuál es el alcance.
Esto posibilitaría hacer valoraciones según el bagaje cultural o idiosincrático y que tanto el defensor de las audiencias, como el Comité del Pleno del IFT, pudieran convertirse en censores de las buenas costumbres más que en sujetos que garantizar los derechos de las audiencias, explica el coordinador perredista en su documento.
Con información de Claudia Flores.
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