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Autoridades estatales no pueden revisar estatus de migrantes

Autoridades estatales no pueden revisar estatus de migrantes

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte. (Twitter)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades estatales no pueden pedir a los migrantes sus documentos de identidad ni revisar su estatus migratorio.

En votación unánime, los ministros del Pleno declararon inconstitucional un artículo de la Ley de Protección y Atención de Migrantes del estado de Jalisco que facultaba a las autoridades locales a pedir a los migrantes sus datos personales y documentos de identificación.

Jorge Mario Pardo Rebolledo apuntó que, “si bien pudiera entenderse que tal artículo faculta a las autoridades locales para exigir a los migrantes mostrar la documentación que acredite su identidad, así como solicitarles información y datos personales cuando se encuentren dentro del territorio del Estado […] ese requisito no es admisible al desconocer la situación particular de este grupo en condiciones de vulnerabilidad”.

Tras revisar los argumentos expuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que promovió ante la Corte la Acción de Inconstitucionalidad, los ministros resolvieron que las autoridades estatales no pueden solicitar esta información a los migrantes, pues es competencia exclusiva de las autoridades federales.

El ministro Pardo Rebolledo abundó que “la ley de Migración Federal tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. […] Las autoridades locales no cuentan con competencia para regular cuestiones migratorias en relación con el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos”.

La invalidez de este artículo de la Ley de Protección y Atención a Migrantes del Estado de Jalisco, surtirá efectos al día siguiente de que el Congreso Local, reciba la notificación de la resolución de la Corte.

(Con información de Carolina Altolaguirre)
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