Al menos 11 muertos, dos de ellos policías, fue el saldo de un ataque armado del Gobierno de Nicaragua perpetrado en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en la zona Pacífico, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las muertes ocurrieron durante ataques simultáneos a Diriamba y Jinotepe, que comenzaron de madrugada y se extendieron hasta la noche de este domingo, víspera de la reanudación del diálogo nacional para intentar resolver la crisis que atraviesa este país centroamericano.
Manejamos 11, de ellos, siete están identificados, hay otros dos que sabemos que fueron asesinados con una granada de mano, y otros que están en la morgue. Estos datos no son definitivos sobre lo que ocurrió hoy”, dijo una portavoz del Cenidh.
Los activistas del Cenidh coincidieron con los manifestantes “autoconvocados” de ambas ciudades, en señalar que la mayoría de las muertes fueron ocasionadas por las “fuerzas combinadas” del Gobierno, conformadas por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, fuertemente armados.
La Policía Nacional únicamente informó de dos fallecidos en el ataque, ambos policías, y atribuyó las muertes a grupos de “terroristas”.
La misma noche del domingo, las “fuerzas combinadas” también atacaron la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde “secuestraron” al menos a tres estudiantes, según el Cenidh, que no califica como “arrestos” las detenciones ilegales del Gobierno.
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, confirmó que hubo un tiroteo cerca de su casa, al sur de Managua, pero precisó que la vivienda “no fue el objetivo de los disparos”.
Ataques similares a los de Jinotepe y Diriamba han sufrido ciudades como Estelí, La Trinidad, Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, Masaya, entre otras, donde existen manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.
Hasta el viernes pasado la cifra de fallecidos por la represión en Nicaragua era de 310, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha señalado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder con acusaciones de abuso y corrupción.
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Con información de EFE
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