De 40 a 60 años de prisión se impondrá a los servidores públicos responsables de la desaparición forzada de una persona, de acuerdo a la nueva ley general en la materia, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados.
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El dictamen también establece penalidades de 25 a 50 años de cárcel por la desaparición de personas cometida por particulares.
Con esta expedición de esta ley queremos informarles que México será el primer país en contar con una legislación especializada en esta materia”, señaló el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Álvaro Ibarra, presidente de la Comisión de Justicia.
Esto abona a una deuda histórica que hay con las familias, con los desaparecidos primero para garantizar que existan mecanismos de búsqueda eficaces, que haya una búsqueda permanente, sistemática y continua por parte de todas las autoridades del Estado mexicano”, destacó el diputado del PRI, Armando Luna, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
La nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, procedente del Senado y aprobada en Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales en la materia, y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Se garantiza la protección integral de los derechos de las personas hasta que se conozca su suerte o paradero y se establece la forma de participación de los familiares en el diseño e implementación y evaluación de acciones de búsqueda e identificación”, sostuvo la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Lorena Alfaro.
Los legisladores destacaron la importancia de esta nueva ley.
Se pueden hablar de cifras, ya aquí se han mencionado varias, pero, por ejemplo, tenemos 855 fosas clandestinas, tenemos, todos los desaparecidos se han identificado aproximadamente mil 548 cadáveres y se han encontrado infinidad de partes de huesos de personas que no sabemos quiénes son”, añadió la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los cadáveres o restos humanos cuya identidad se desconozca no podrán ser incinerados, destruidos o desintegrados. A quien viole esta disposición se impondrán penas de cinco a ocho años de prisión.
Los delitos sobre desaparición forzada se perseguirán de oficio y serán permanentes en tanto no se localice a la persona.
El dictamen fue turnado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.
Con información de Héctor Guerrero.
LLH
