CRIMEN Y SEGURIDAD

Aprueba Senado endurecimiento de penas que ameriten prisión preventiva oficiosa

La oposición buscó que el dictamen se regresara a comisiones, pero no fue aceptado.

El Pleno del Senado aprobó el endurecimiento de penas y la ampliación de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

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La discusión inició a la 1:14 de la mañana de este jueves 30 de julio. La oposición buscó que el dictamen se regresara a comisiones, pero no fue aceptado.

“Viola los derechos humanos, en particular la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho personal a la libertad”, destacó Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido.

“Queremos meter a la cárcel a la gente, cuando todavía no le comprobamos que cometió ningún delito; la regla va a ser todos a la cárcel hasta que se demuestre que son inocentes”, apuntó la senadora del PRI, Claudia Anaya.

El debate se intensificó entre Morena y una parte de la bancada panista, donde el voto se dividió.

“Yo no les acabo de creer que realmente lo que buscan con la prisión preventiva oficiosa es acabar con la delincuencia. Yo quiero anticipar que aquí más de un candidato va a acabar preso//le van a inventar algún delito//cuando no lo puedan bajar por la buena, lo van a bajar por la mala”, comento la senadora del PAN; Xóchitl Gálvez.

“Preocúpense porque ya no se va a lavar dinero, porque ya no se va a comprar el voto, señores. Muchos de ustedes llegaron comprando los votos, desparramando dinero lavado del crimen organizado””, dijo Lucía Trasviña, senadora de Morena.

Los senadores aprobaron las reformas al código nacional de procedimientos penales y otros ordenamientos legales por 56 votos a favor, 25 en contra y siete abstenciones.

Así, habrá prisión preventiva oficiosa para quien cometa feminicidio, abuso sexual contra menores de edad, robo a casa habitación, daños a las vías de comunicación, robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas, desaparición forzada de personas y tráfico de totoaba, entre otros;  en ningún caso la medida será superior a dos años

También se elevaron las penas para estos y otros delitos considerados como graves.

Entre ellos, se impondrá una pena de hasta nueve años de prisión al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos para coaccionar el voto de los ciudadanos.

Y habrá una pena de 37 años de prisión a quien o quienes roben hidrocarburos.

Con información de Claudia Flores.

LLH