En el cierre del periodo ordinario de sesiones y tras dos años de trabajar en cambios sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Congreso de Nuevo León aprobó -con votación unánime- sancionar a todo aquel que incurra en actos de corrupción para inhabilitarlo incluso en el servicio de carrera, que pueda intervenir en licitaciones, arrendamientos o prestación de servicios a entidades públicas, si las anomalías le son comprobadas.
Con reformas realizadas también a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se obliga a que los funcionarios realicen la declaración tres de tres y que se sometan a revisiones patrimoniales -de manera aleatoria- con el propósito de detectar si hay enriquecimiento ilícito.
El pasado 7 de marzo, el Congreso de Nuevo León aprobó la reforma que adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución local para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Con esto se abre la posibilidad de que el aborto sea motivo de cárcel para las mujeres que recurran a esta práctica.
El presidente del Congreso de Nuevo León advirtió que si no se mantenía el orden se cancelaría la sesión, que inició entre protestas y gritos de diputados a favor y en contra la penalización del aborto.
La coordinadora de Nueva Alianza en el Congreso calificó la reforma de regresiva y contraria a la constitución mexicana y a los tratados internacionales.
Diputados del PAN presentaron el ultrasonido de una mujer embarazada y de un recién nacido. Incluso la diputada Claudia Caballero dio a conocer el estudio de su propia hija.
Morena argumentó que el dictamen, congelado desde mayo de 2014, no fue discutido lo suficiente con grupos sociales.
Con información de Nelly Juárez
LSH
