El pasado 6 de junio, el Congreso de Sonora aprobó por unanimidad la modificación al Artículo 167 Quater, del Código Penal, conocida como la “Ley Ingrid”, en el que se penaliza hasta con 10 años de cárcel a quien grabe, comercialice, comparta, difunda, fotografíe, publique, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos relacionados con una investigación.
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La ley generó reacciones entre asociaciones y colectivos de búsqueda, quienes la calificaron como un atentado a la libertad de informar.
“Nos prohíbe el hecho de que enfoquemos directamente a una escena del crimen, a una escena de un ataque armado, a una escena en sí, nos los prohíbe y nos los sanciona de 4 a 10 años de cárcel sin derecho a fianza”, indicó Javier Camacho, reportero.
“No sabemos hasta dónde podemos avanzar, necesitamos que nos informen qué podemos hacer y nosotros poner nuestra postulación, por lo pronto nosotros nos estamos amparando desde la Ciudad de México, para que esta ley no nos afecte, no nos perjudique”, señaló Cecilia Flores, líder de Madre Buscadoras.
Ante la inconformidad, el Congreso de Sonora anunció que realizará ajustes a la reforma y que solo contemplará sanciones penales para los servidores públicos que compartan imágenes de una carpeta de investigación.
“Esta iniciativa dio pie a incertidumbre o preocupaciones por parte de algunos periodistas o algunos medios de comunicación y de algunos colectivos, especialmente algunos relacionados con madres buscadoras y otros organismos de la sociedad civil preocupados porque esta iniciativa pudiera conculcar la libertad de prensa. El Gobierno de Sonora, sensible a esas preocupaciones ha preparado una contrarreforma para aclarar los puntos de confusión”, destacó Aarón Grajeda, secretario de Gobierno Sonora
“Al servidor público integrante de alguna institución policial, procuración o impartición de justicia que fuera de los supuestos autorizados por la ley y eso es muy imponte porque puntualiza y aclara que no se busca que quienes en la búsqueda de la justicia como los colectivos de madres buscadoras sean revictimizados, el espíritu de la reforma es exactamente lo contrario, que quienes son víctimas no sean revictimizadas con las filtraciones de aquella fotografía, de aquel documento o audio que ya hacen en las carpetas”, destacó Adolfo Salazar, secretario de la Consejería Jurídica Gobierno de Sonora.
Se espera que la llamada “Ley Ingrid” en Sonora, sea corregida y modificada en el Congreso local los primeros días de agosto.
Con información de N+ Erika Palma
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