Santiago Ancona, representante legal de la empresa First National Security de México, informó que “hay 17 amparos que los jueces han otorgado para que no se abran esas cajas de esos clientes ni tampoco se trasladen a ningún lugar”.
El juez señaló que “el aseguramiento debe estar perfectamente determinado en cuanto a los instrumentos, objetos y productos del delito y a las personas que va dirigida”.
Precisó que las autoridades deben “establecer controles específicos para el resguardo de los bienes asegurados, debiendo elaborar un inventario de todos y cada uno de ellos ante la presencia del interesado”.
Varios clientes amparados aseguraron que nadie hizo caso al ordenamiento del juez.
Bixara Simón, usuario de las cajas de seguridad en Cancún, apuntó que “no hay Estado de Derecho en México, si no puedo tener mis cosas en la propiedad privada, que supuestamente era más seguro que mi casa, y la propia autoridad viene a robarme, ¿qué seguridad tengo?”.
En un comunicado, la SEIDO informó que obtuvo una orden de cateo mediante la cual “se aseguró el inmueble de una empresa dedicada al resguardo de valores”.
“Las cajas de seguridad ubicadas al interior del inmueble se abren en el mismo sitio” y serán revisadas para saber “si se encuentran indicios asociados a ilícitos penales”.
Los representantes de la empresa sostuvieron que la SEIDO actuó por la fuerza y sin la orden de cateo que refieren.
La Procuraduría jamás se acercó con nosotros y nunca nos ha presentado nada… nunca nos dijeron nada ni cuando se presentaron los abogados contratados por la empresa… ellos ingresaron por la fuerza a las dos y media de la madrugada, del lunes 9″, declaró Ancona.
Los afectados pidieron la intervención del presidente, Enrique Peña Nieto, en este caso.
Pablo Moreno, otro de los usuarios afectados, solicitó “que las cajas y su contenido permanezcan en la ciudad de Cancún y en caso de requerirse la apertura de alguna de ellas sea en presencia del propietario”.
Con información de Gerardo Sánchez Mezquita y Fátima Monterrosa.
RMT
