El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió por carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, la extradición de Tomás Zerón, investigador del caso Ayotzinapa acusado de torturar y de manipular pruebas para crear la versión del caso conocida como la “verdad histórica”.
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“Incluso el presidente de la República ha enviado una carta, que se dará a conocer cuando se confirme que ha sido recibida por el primer ministro de Israel, solicitando su apoyo para agilizar el trámite de extradición”, anunció en rueda de prensa Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa.
López Obrador se reunió este viernes en el Palacio Nacional con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, miembros de la Comisión de la Verdad y de la Fiscalía cuando faltan dos días para que se cumplan siete años de esa noche trágica.
En rueda de prensa, Encinas consideró acreditado que Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y prófugo en Israel, “incurrió en omisiones y responsabilidad grave en la construcción de la verdad histórica”.
Según la polémica versión del Gobierno anterio, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero.
El fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, dijo en la misma conferencia que “existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada” en la investigación del Gobierno anterior.
Denunció que con la “verdad histórica” se intentó que “toda la responsabilidad recayera en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre las autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada”.
Según datos del fiscal, se han emitido 89 órdenes de captura contra responsables de la desaparición y autoridades del Gobierno de Peña Nieto que hicieron la investigación, de las cuales se han ejecutado 49.
La Comisión de la Verdad ha emprendido búsquedas en 133 puntos distintos, dos de los cuales comenzaron a ser rastreados este mismo jueves.
Mientras que al menos 21 personas relacionadas con el caso han muerto o han sido asesinadas desde 2014, lo que dificulta la investigación.
Tras la reunión con el presidente, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, explicó a medios que si bien se “reconocen los avances” obtenidos, “a los ojos de los padres es poco lo que se tiene”.
“No está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente qué es lo que sucedió el 26 de septiembre y entonces falta mucho por hacer”, subrayó.
Indicó que este viernes no se reportaron “más hallazgos” en el caso, y reiteró que se le dijo al presidente que, para los padres, los avances son “mínimos”.
Con información de EFE
HAVJ
