La disminución del presupuesto que ha sufrido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa desde el 2015 preocupa a las organizaciones ambientalistas.
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Estos son los datos: en 2015, ejerció mil 245 millones de pesos, en 2020, solo se le aprobaron 793 millones, es decir 36 por ciento menos.
Esta reducción ha provocado la suspensión de operativos para combatir el tráfico de especies silvestres.
En San Luis Potosí, donde ya se había erradicado el tráfico de especies, tratan de evitar que vuelva con proyectos alternativos.
En 2018, Baltazar Montoya notó un incremento en la población de pecarí de collar en el ejido de El Salado, una zona de 34 mil hectáreas ubicadas en el municipio de Vanegas, San Luis Potosí.
“Empezó con un problema con el pecarí de collar en las labores, porque se comen el maíz”, comentó Baltazar Montoya.
La organización Vida Silvestre les propuso a los productores convertir el ejido en una zona cinegética, es decir, de cacería regulada, y aprovechar especies como el pecarí para atraer cazadores a la zona, mejorar la economía de los habitantes y proteger otras especies silvestres de la región.
“Esta zona es muy importante porque es el área de anidación del águila real y existe además un gran número de especies endémicas y que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción”, comentó Karla Logan, de la organización Vida Silvestre.
El Salado es una de las zonas donde existe pastizal del desierto. Y es hogar de especies como el perrito de la pradera, el zorro, coyote, gato montés o ratón de campo, entre otras.
Se ubica a 190 kilómetros de Charco Cercado, uno de los lugares emblemáticos del tráfico de especies silvestres en el país.
“Hace 20 y treinta años aquí se concentraba el 80 por ciento del tráfico ilegal de especies de flora y fauna del país”, expuso Karla Logan, de la organización Vida Silvestre A.C.
“Mucho la víbora de cascabel, se veían zorrillos, supuestamente porque eran buenos para algún tipo de medicina”, comentó Baltazar Montoya.
Entre 2011 y 2016, la Profepa realizó operativos en Charco Cercado. Los puestos a pie de carretera, donde se vendían especies silvestres vivas y muertas, desaparecieron. Sin embargo, organizaciones advierten que la reducción del presupuesto en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa está provocando que ya no se realicen operativos para inhibir este delito.
“No hay inspectores, de repente vas a un lugar que debería haber gente cuidando y no tienen dinero para la gasolina”, apuntó Ernesto Zazueta, de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.
En agosto pasado llegaron 9 venados cola blanca a el salado. El objetivo es liberarlos y que se reproduzcan para en un futuro poder ofrecer la cacería de esta especie.
“Vienen cazadores y hay que darles servicios de guías, de alimentación y alojamiento y dejan algo de recurso”, señaló Baltazar Montoya, ejidatario de El Salado.
“En lugar de extraer algún animal o alguna planta de las comunidades, ellos ya saben que eso tiene un valor. Se evitan cualquier tipo de conflicto y de problema legal”, apuntó Karla Logan, de la Organización Vida Silvestre.
Hoy en el ejido El Salado, los habitantes ayudan a poner trampas para atrapar aves, pero no para comercializarlas, sino para que investigadores mexicanos y extranjeros las estudien y después las liberen.
“Si nomas nosotros lo hacemos no sería tan beneficioso. Necesitamos la mayor tipo de gente que se pueda el mayor número de comunidades”, dijo Baltazar Montoya, ejidatario de El Salado, en San Luis Potosí.
Con información de Raymundo Pérez Arellano y Fernando Guillén.
LLH
