CRIMEN Y SEGURIDAD

Alemania decide extraditar a Puigdemont por malversación de fondos; descarta rebelión

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein decidió extraditar a España al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por el presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión.

El tribunal indicó que no percibe inconvenientes o impedimentos para la extradición de Puigdemont, aunque no apuntó fechas concretas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la fiscalía.

Además, decidió que Puigdemont no entre en prisión preventiva, ignorando la petición de la fiscalía, debido a que “siempre” ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.

En un comunicado, el tribunal indicó que considera “no admisible” extraditar al líder soberanista por rebelión, como solicitó el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntó que no se produjo el grado de violencia “suficiente”.

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Tampoco admitió el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión.

Sin embargo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein sí que consideró “admisible” la petición de extradición por el presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El escrito del tribunal asegura que Puigdemont pudo haber tenido una “corresponsabilidad” en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, aunque subrayó que esta acusación se debe sustentar en un juicio en España.

La Audiencia desdeñó los argumentos de la defensa del líder soberanista, quien pedía no extraditar a España a Puigdemont porque era un perseguido político y allí no iba a poder tener un juicio justo.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein aseguró que tiene una “confianza ilimitada” en que la justicia española actuará dentro de los estándares que se esperan de la “comunidad de valores” y del “espacio de derecho común” de la Unión Europa.

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Con información de EFE

LHE