El gobierno de Durango asume la responsabilidad por la fuga del exdirector del ISSSTELEON, Eduardo Bailey Elizondo, quien fue detenido el 28 de abril, por acusaciones de peculado y huyó el mismo día.
En entrevista telefónica para Despierta con Loret, Aldo Fasci, vocero de seguridad de Nuevo León, calificó de “penosa” la situación con Durango tras la huida de Bailey. “Sin duda el gobierno de Durango lo dejó ir; tenemos que averiguar quién los protegió”, afirmó, “la investigación está a cargo de Durango, porque las cosas se dieron allá”.
Ramón Guzmán, fiscal de Durango, reconoció, también por teléfono, que iniciaron una investigación y que suspendieron a los agentes que llevaron a cabo la diligencia, “hemos suspendido a los agentes e iniciamos una carpeta de investigación en contra de más de 10 personas por estos hechos”.
Dijo que, por el momento, no pueden decir si se trató de una actuación dolosa o de un error burocrático, pero “es una situación que estamos investigando”.
Rechazó que los agentes de Nuevo León hayan tenido alguna responsabilidad porque, defendió, “su actuación estuvo ajustada a derecho, aunque no contaban con la autorización correspondiente”, porque “toda aquella colaboración que tenga que practicarse en Durango y que provenga de otros estados del país deberá contar con la autorización del despacho del fiscal”. Sin embargo, insistió que la responsabilidad “está focalizada en los agentes de Durango”.
El fiscal de Durango admitió que “hubo personas que actuaron con irresponsabilidad, vamos a establecer responsabilidades penales o administrativas” en contra de esas personas.
Aldo Fasci afirmó que es momento de “buscar a esta persona y tenemos una orden que cumplir, una orden de un juez”.
Guzmán dijo que han reforzado la búsqueda de Eduardo Bailey en todo Durango y ofreció toda la colaboración de las autoridades locales para facilitar la localización.
Eduardo Bailey, quien fuera director del ISSSTELEON, dependencia que maneja las pensiones de los trabajadores del estado de Nuevo León, está acusado de defraudar a la institución al invertir sin autorización el dinero, por lo cual hay un quebranto patrimonial.
