La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, derivado de los hechos ocurridos en el Palacio Municipal de Benito Juárez el 9 de noviembre del año 2020, en la que un grupo de personas realizaban una manifestación pública, a través de diversos actos de investigación, en diciembre del año pasado, se ejercitó acción penal en contra de 11 servidores públicos.
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Los ahora imputados desempeñaban el cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal, subsecretario de Seguridad Pública Municipal, director de Seguridad Pública Municipal, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos policiacos.
Dentro de la carpeta de investigación se han realizado diversos actos de investigación, entre ellos los siguientes:
- 10 entrevistas a víctimas.
- 78 entrevistas a elementos de la policía municipal.
- 23 ampliaciones de entrevista a elementos policiacos.
- 5 entrevistas a servidores públicos municipales.
- 80 dictámenes periciales de diversas especialidades medicina, psicología, balística, valuación, química, análisis de videograbaciones, identificación, entre otras.
Se rindió informe a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Se envió desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE.
También se da a conocer que de acuerdo al análisis de los videos proporcionados por el C-4, por fuentes abiertas y cerradas, se pudo determinar la probabilidad de que integrantes de un grupo operativo de la policía municipal realizaron los disparos de arma de fuego.
Derivado de lo anterior, se están analizando 89 armas de fuego a través del Sistema Integrado de Identificación Balística conocido como IBIS y del microscopio de comparación balística con que cuenta la FGE para lograr identificar a los autores materiales.
Las víctimas han sido asistidas por la asesoría jurídica Victimal y se les proporcionaron medidas de ayuda inmediata y asistencia para su rehabilitación médica, psicológica y económica quedando inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.
Cabe destacar que desde el 1 de diciembre cuentan con abogado particular.
Todas estas acciones han sido en cabal cumplimiento a la normatividad que regula los derechos humanos de las víctimas y gestionadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado.
Con información de corresponsales nacionales.
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