Un juez federal falló este lunes que abogados de inmigración deben tener acceso a más de 120 solicitantes de asilo en una prisión de Oregon, Estados Unidos.
El juez de distrito Michael Simon, en Portland, aprobó la orden de emergencia solicitada por la Unión Americana de Libertades Civiles y la organización sin fines de lucro Innovation Law Lab, a cuyos abogados se les ha negado acceso a los inmigrantes detenidos en la prisión federal de Sheridan.
Simon escribió que el derecho a un abogado está firmemente arraigado al concepto de debido proceso legal y protegido por la Quinta Enmienda en contra de interferencia del gobierno.
“Además, este derecho está disponible a todos en Estados Unidos, no solo los ciudadanos u otras personas que viven aquí legalmente”, dijo.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, transfirió a los inmigrantes a Oregon porque otros centros de detención están atiborrados desde que el gobierno del presidente Donald Trump estableció una política de “tolerancia cero” para los migrantes que ingresan al país de manera ilegal.
Los detenidos en Sheridan son migrantes de 16 países, pero más de la mitad son de la India y Nepal.
La demanda señala como acusados a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, el director interino del ICE Thomas Homan, el secretario de Justicia Jeff Sessions, y el director interino del Buró de Prisiones Hugh Hurwitz, entre otros.
El juez dijo que los acusados deben habilitar dos cuartos donde los detenidos puedan reunirse con los abogados. Esos espacios deben estar disponibles seis horas al día para consultas individuales o capacitaciones en grupo para informar a los detenidos sobre sus derechos.
Los acusados argumentaron que ellos ya tenían planes de hacer eso, así que la demanda era irrelevante.
Pero el juez Simon resaltó que los acusados tenían planeado ofrecer los espacios a partir del miércoles, un día antes de cuando los funcionarios del ICE quieren iniciar las entrevistas para evaluar si los detenidos enfrentan verdadero peligro si son deportados.
“Ese es tiempo insuficiente para dar acceso a un abogado que satisfaga los requerimientos del debido proceso”, escribió Simon.
En su orden, el juez dijo que los funcionarios del ICE no pueden proceder con entrevistas o audiencias sobre asilo hasta que los detenidos hayan realizado consultas significativas con un abogado. Añadió que los detenidos no pueden ser transferidos a instalaciones fuera del estado sin aprobación del abogado o permiso de la corte.
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Con información de AP.
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