Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la judicatura federal anunció el miércoles, 8 de septiembre de 2021, por la tarde que la defensoría pública se encargará de asistir a quienes tengan causas penales por abortar.
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El anuncio de Zaldívar llega un día después de que el alto tribunal declarara inconstitucional penalizar el aborto en México y forma parte de una serie de medidas presentadas por el magistrado en favor de la igualdad, entre las que destacó también el permitir a partir de ahora las bajas de paternidad en el seno del poder judicial.
El fallo para que la interrupción voluntaria del embarazo no sea considerada delito afecta de manera inmediata al estado de Couahuila -cuya ley fue el objeto del recurso- pero establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares.
Sólo cuatro estados de México (la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue estando penalizado con algunas excepciones. Por eso organizaciones feministas indicaron el martes que la vía para avanzar en la despenalización era mediante recursos estado por estado.
Zaldívar dijo no saber cuántas mujeres o personas están acusadas en estos momentos por interrupción del embarazo o cuántas están en prisión pero agregó que el objetivo es proporcionar una defensa especializada y profesional a los colectivos más desprotegidos, que son los más afectados.
Según la abogada Verónica Cruz, directora del colectivo “Las Libres”, hoy en día ya no existen mujeres encarceladas en México por abortar pero sí hay unas 4 mil 600 carpetas de investigación abiertas en todo el país por ese delito.
Con información de AP
RVC
