DAKAR, Senegal, feb. 20, 2014.- El mes pasado, el presidente ugandés Yoweri Museveni se reunió en su despacho con un equipo de activistas estadounidenses preocupados con la legislación que impondría cadena perpetua por algunos actos homosexuales.
El arzobispo jubilado sudafricano Desmond Tutu se sumó por teléfono, para destacar las similitudes entre el proyecto de ley Anti Homosexualidad de Uganda y las leyes racistas del sistema sudafricano de segregación racial.
Museveni dijo claramente que no pensaba firmar el proyecto de ley, indicó Santiago Canton, del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, presente en la reunión del 18 de enero. “Dijo específicamente que el proyecto de ley es un proyecto de ley fascista”, recordó Canton. “Fueron las primeras palabras salidas de su boca”.
Un mes después, empero, Museveni cambió al parecer de opinión y dijo la semana pasada a través de un vocero que firmará el proyecto de ley “para proteger a los ugandeses de los degenerados sociales”. Por ocurrir un mes después que el presidente nigeriano Goodluck Jonathan firmara un proyecto de ley antigay, que penaliza el matrimonio homosexual y el activismo, la nueva posición de Museveni destaca la aparente incapacidad de los gobiernos occidentales para frenar la discriminación gubernamental contra los gays en África.
Los proyectos de ley contra la homosexualidad gozan de respaldo abrumador público en Uganda y Nigeria, lo que brinda la oportunidad de lograr ventajas políticas en las dos reelecciones presidenciales.
Empero, los activistas internacionales de los derechos de los gay culpan también a los países donantes, incluyendo Estados Unidos, partidario de una diplomacia entre bastidores para evitar repercusiones que puedan ocasionar medidas más contundentes.
“La diplomacia sigilosa ha fracasado hasta el último momento”, dijo la investigadora María Burnett, de Human Rights Watch.
“Necesitamos una estrategia mejor”, indicó Julie Dorf, asesora del Consejo para la Igualdad Global. “Creemos que nuestro gobierno aquí en Estados Unidos debe incrementar las consecuencias potenciales que podrían encarar los países por estas medidas regresivas contra los derechos humanos. No dudo que el presidente Museveni siguió atentamente lo sucedido después que el presidente Jonathan firmara el proyecto de ley de Nigeria. Y la verdad es que no hubo una gran reacción”.
Varios grupos activistas de los derechos humanos han pedido al secretario de Estado norteamericano John Kerry que llame para efectuar consultas a los embajadores en Uganda y Nigeria.
KAH
