CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 25, 2016.- Maltrato físico, insultos, humillaciones o amenazas de parte de servidores públicos son algunas de las quejas de los internos de las principales cárceles federales en nuestro país, de acuerdo con un Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundido a través de su página web.
Durante septiembre y octubre pasados, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH visitó ocho Centros Federales de Readaptación Social, como el Altiplano en el estado de México, o los centros de Jalisco, Nayarit, Ciudad Juárez, Sinaloa o Durango; así como el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, para examinar el trato y las condiciones de detención de los reclusos.
En algunos de ellos, como el Cefereso número 8 de Guasave, Sinaloa, los internos señalaron que personal de seguridad y custodia les aplica descargas eléctricas.
En el Altiplano, se les imponen medidas de segregación hasta por 120 días, mientras que en los penales de Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Morelos, dijeron que la comida es insuficiente o de mala calidad, les restringen el acceso al agua potable, las visitas familiares o íntimas, o las salidas al patio.
En los Centros Penitenciarios se detectó carencia o escasez de actividades de tipo laboral, ocupacional o deportivas, necesarias para la reinserción social, y falta de locutorios para las entrevistas de los internos.
En general, dice el Informe de la CNDH, se corroboró deficiencia en las condiciones de las instalaciones, inconveniente comunicación con personal del exterior, incorrecta imposición de sanciones disciplinarias e inadecuada separación y clasificación de las personas privadas de la libertad.
Además de escaso personal médico, de seguridad y custodia, y falta de capacitación para la prevención de la tortura y de programas para situaciones de emergencia o eventos violentos.
Por ello, la CNDH que preside Luis Raúl González Pérez, pide al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, que en un plazo de 20 días designe una persona que dé seguimiento a las observaciones de este Informe, a fin de prevenir los actos de autoridad que vulneren la integridad de los reclusos.
JLR
