Un criadero de 49 mil cerdos, recién inaugurado en Yucatán, fue obligado a suspender sus operaciones. En un amparo promovido por un grupo de niños mayas, la juez Miriam de Jesús Cámara Patrón dijo que la megagranja porcícola pone en riesgo la salud de los habitantes del municipio de Homún.
La operación de la granja porcícola afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico
El criadero fue duramente criticado por la comunidad que depende de las fuentes de agua de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, una zona natural supuestamente protegida por el Estado. Sin embargo, autoridades ambientales otorgaron a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) los permisos para la construcción de una granja de cerdos, misma que podría generar un impacto nocivo para el estilo de vida de la población maya.
El 28 de septiembre, Equipo Indignación, una organización que representa legalmente a niños y niñas mayas, interpuso un amparo con el fin de revertir los permisos avalados por los titulares de la administración estatal anterior. El 9 de octubre se llevará a cabo la audiencia para determinar si la granja cerrará sus puertas de manera definitiva.
Existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna, en particular sus pobladores menores de edad.
Palabras de la juez cuarto de distrito en Yucatán. Además de la posible contaminación de las aguas para consumo personal y la destrucción de los cenotes, los pobladores temen que el hedor y el desperdicio generado por la megagranja ahuyente a los turistas de la zona. La mayor parte de la población depende de los ingresos generado por el turismo.
