El gobierno de India aprobó la pena de muerte para los delincuentes violadores de niños. Esta medida se da en el contexto de indignación a causa de la reciente violación de una niña de ocho años.
La conmoción provocada por el caso motivó a miles de indios a manifestarse por toda la nación. La víctima fue una menor de una tribu nómada musulmana, la cual fue privada de la libertad por cinco días, violada y asesinada por ocho hombres de Jammu y Cachemira, estados de India. Un caso que tuvo resonancia en todo el mundo.
Según las autoridades, el crimen fue motivado por una pugna religiosa. El objetivo era aterrorizar a la comunidad musulmana de pastores para así forzarlos a salir de la zona con predominancia hindú, según la policía.
Tras regresar de una cumbre de la Commonwealth, el primer ministro indio Nerendra Modi se reunió con integrantes de su gobierno para aprobar una enmienda de ley sobre violencia sexual y así permitir la condena a la pena capital para violadores de niños menores de 12 años. Adicionalmente a esa medida, las penas mínimas por violación fueron agravadas.
En la India ya se contempla la pena de muerte para asesinos y terroristas; no obstante a eso, las ejecuciones son infrecuentes.
Existe un antecedente del 2013 de endurecimiento de las penas por agresiones sexuales, tras una violación en la capital india, Nueva Delhi. Sin embargo, no se han conseguido los resultados deseados.
No obstante el aumento de las penas, la violencia sexual continúa sin freno, incluso contra menores. Tan solo en el 2015 se registraron 15 mil casos de abusos sexuales contra niños.
Además de la frecuencia de los crímenes sexuales, el caso de la niña Jammu ha puesto los reflectores en las tensiones entre comunidades religiosas de la India. Ocho hombres han sido acusados en un proceso plagado de contradicciones, dimes y diretes. Incluso existen voces que hablan de una conspiración contra los acusados.
Debido al contexto de violencia de religiosa, la Suprema Corte de ese país optó por colocar bajo protección judicial tanto a la familia como a la abogada de la víctima.
Vía Milenio
