La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por unanimidad la suspensión del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Acuerdo SENER) mientras se resuelven las controversias constitucionales promovidas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre otros.
Por lo tanto, las medidas dictadas por la Secretaría de Energía para desplazar las energías limpias y renovables del mercado eléctrico mayorista no se aplicarán hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva su constitucionalidad, del mismo modo como está sucediendo con diversos juicios de amparo promovidos por empresas particulares y organizaciones de defensa del medioambiente.
De esta forma se busca refrendar el compromiso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de impulsar las energías limpias en el estado de Tamaulipas.
Según el Estado de Tamaulipas, en su demanda inicial expuso que el gobierno federal invadió sus facultades originarias, argumentando que los tratados internacionales y la Constitución establecen el deber de propiciar y alentar la transición hacia energías limpias y sustentables, así como la obligación de garantizar el acceso en condiciones no discriminatorias y competitivas a las energías renovables.
Con esta medida, el Gobierno del Estado de Tamaulipas busca cumplir con el imperativo jurídico de que México no dependa del carbón, los combustóleos y las demás fuentes fósiles.
Además, con esta decisión cautelar, la SCJN da certidumbre jurídica a empresas privadas que invirtieron más de 4 mil millones de dólares en Tamaulipas.
