El jueves 19 de enero extraditaron a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán. Pero, entre todo lo que se ha hablado, pocos se detienen a explicar qué es exactamente la extradición y cómo funciona en nuestro país.
La extradición es una figura jurídica que se ha ido modificando en cambios a la constitución desde sus primeras redacciones hasta nuestros días. La palabra proviene del latín ex que significa “afuera” y traditionis -que se deriva de tradere– y que significa “transmitir”.
Etimológicamente, entonces, la palabra significa transmitir al exterior. Y, en efecto, la extradición es cuando el gobierno de un país entrega una persona a otro gobierno que la reclama. Esta persona está inculpada de algún delito y se encuentra en el territorio del Estado al que se le extiende la petición. Así la extradición es un vínculo entre dos naciones para someter a alguien a proceso o para que cumpla una condena.
La idea es que se castigue a quien cometió un delito en el país en donde lo cometió. Pero también implica relación de cooperación internacional a través de la cual se entrega a un delincuente a las autoridades que mayor competencia tienen para procesarlo. La extradición, en este sentido, es también un proceso administrativo que tiene que seguir diferentes pautas.
La extradición en México
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. (Getty Images, archivo)
En México, este procedimiento es mixto, lo que significa que intervienen, de igual medida el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Por eso, en un proceso de extradición se mantienen en estrecha relación la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jueces de Distrito y el Ejecutivo Federal.
Este procedimiento comienza, entonces, con la solicitud de un gobierno extranjero que analiza la SRE y que, con su previa aprobación, transmite a la Procuraduría General de la República (PGR). La PGR detiene o mantiene en su jurisdicción al implicado, se notifica al Estado demandante y se hace entonces la petición formal con las pruebas del delito que se imputa al acusado.
La Secretaría vuelve a revisar el expediente y, si lo aprueba, se comunica de la decisión al acusado para que proceda a su defensa. Finalmente, de no haber ningún impedimento jurídico, el acusado es entregado, a través de la PGR y con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación, al gobierno que lo reclama.
Para que haya una extradición es necesario que México tenga un previo tratado con el país que la solicita. Actualmente, México tiene tratados bilaterales con 28 países que incluyen a Venezuela, Francia, Colombia, Italia, España, Honduras, El Salvador, Holanda y, claro, Estados Unidos. Y cada uno de estos tratados tiene cláusulas específicas.
En el caso, por ejemplo, del tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, hay ciertas cláusulas que impiden que se ejecute o se juzgue con pena de muerte a un sujeto extraditado desde México. También se comprende en el tratado que ninguno de los dos gobiernos tiene la obligación de extraditar a ciudadanos nacionales pero que, si se considera pertinente, se podrá llevar a cabo la extradición de un nacional (como es el caso, por ejemplo, de “El Chapo” Guzmán).
Así, este procedimiento jurídico implica a diferentes instituciones y asegura una cooperación entre los diferentes poderes. Además, resulta ser un proceso de suma importancia en cuanto al combate del crimen a nivel internacional ya la estrecha colaboración multilateral entre los aliados internacionales de México.
