Juli Briskman, una mujer de 50 años, jamás imaginó las consecuencias que acarrearía hacerle una seña obscena a alguien. El problema es que ese alguien fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
A partir de aquel hecho, Briskman perdió su empleo y recibió un trato injusto, desde su punto de vista; y ahora ha desatado una campaña que ha polarizado a todo el país.
Era un sábado de noviembre de 2017 cuando la mujer, madre de dos hijos, iba en su bicicleta, como es su costumbre; en ese momento, fue rebasada por una caravana de vehículos color negro; en uno de ellos, iba el presidente de la Unión Americana, Donald Trump.
El mandatario se dirigía al Trump National Golf Club, en Virginia, su campo de golf.
Por un impulso del que hasta hoy no se arrepiente Briskman, ella le levantó el dedo medio a Trump. Ella desaprueba las políticas del actual presidente estadounidense.
Estaba pensando en los beneficiarios de DACA que van a echar.
Si las cosas se hubieran quedado hasta ahí, el caso no hubiera tenido mayor trascendencia; un ciudadano enojado aprovecha una oportunidad insólita para expresarle su inconformidad al funcionario público más importante de la nación. Cosa de todos los días.
El problema fue que se tomó una foto del hecho, y ésta dio la vuelta al mundo a través de diversos medios de comunicación. Para el lunes, la propia Briskman confirmó ser quien realizó la seña obscena al departamento de recursos humanos de la empresa en la que trabajaba.
La mujer fue despedida ese mismo día por Akima, la empresa que la subcontrató. El motivo fue que ella trabajaba manejando las redes sociales de la empresa; y por sus políticas, está prohibido difundir contenido indecente o lascivo.
Briskman argumentó que no hizo la seña obscena a Trump durante su horario de trabajo y que ella no mostró la foto ni en su cuenta de Facebook, ni mucho menos en la de la empresa. No obstante, la madre de familia fue despedida de su empleo el miércoles y con sólo dos semanas de sueldo como compensación de las cuatro que le prometieron, según cuenta la propia ciclista.
La ex-community manager decidió tomar cartas en el asunto: por un lado, interpuso una demanda contra la empresa Akima; y por otro, inició una campaña por la que recibió 134,575 dólares en donativos de simpatizantes anónimos de su causa por la libertad de expresión, como ella la define.
El trabajar para una compañía que es contratista del gobierno federal debería ser fuente de mejores oportunidades, pero no debería limitar nuestro derecho a criticar al gobierno en nuestro tiempo libre”, declaró Briskman.
La demandante considera que vive en “la mejor democracia del mundo” y despedirla de su empleo por ejercer su libertad de expresión es, para ella, contrario a los principios de su país.
