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CRIMEN Y SEGURIDAD

Lista de organismos nacionales e internacionales que piden vetar la Ley de Seguridad Interior

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(Notimex-Especial)

Mientras el Senado y la Cámara de Diputados hicieron caso omiso a las exhortaciones de organismos de derechos humanos previo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, dichas organizaciones ahora giran sus reclamos hacia la oficina del Presidente de la República, cuya facultad de veto puede enviar la polémica ley de vuelta al Congreso.

Los legisladores que aprobaron la iniciativa y el gobierno federal argumentan que es necesario contar con un marco jurídico en materia de seguridad interior. Pero a los ojos de los opositores, dicha iniciativa abre las puertas a una militarización del país, empezando por la sustitución de funciones asignadas a las policías federales, estatales y municipales.

Con el aumento del 15% al presupuesto en 2018 para las dependencias encargadas de la seguridad interna (Sedena, Semar y PGR) y el repunte de violencia a nivel nacional, todo indica que la Ley de Seguridad Interior tendrá el visto bueno de Enrique Peña Nieto. De cualquier forma, diversos organismos nacionales e internacionales insisten con sus peticiones para que el poder ejecutivo vuelva a evaluar los costos de una iniciativa que podría atribuirle mayor autoridad a las fuerzas militares.

En seguida, una lista:

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En un comunicado, expertos de la ONU se mostraron preocupados por otorgarle a las fuerzas armadas “un papel de liderazgo y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al de apoyar y asistir a las autoridades civiles.” Por si fuera poco, la ONU criticó que el proyecto de ley no ofrece una supervisión adecuada de parte de las autoridades civiles sobre las nuevas tareas que podría desempeñar el ejército y la marina.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

LA CIDH expresó su preocupación de que el proyecto de ley “significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.” Para este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe haber una línea más clara “entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.”

Amnistía Internacional

El Secretario General de AI hace eco de las preocupaciones de la ONU y de la CIDH en una carta abierta al presidente Peña Nieto: “Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías.”

Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que “Esto es un momento de agonía para los y las ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley.”

Adicionalmente, AI formó una coalición de diez organizaciones internacionales de derechos humanos que respaldan su propuesta de repudiar la Ley de Seguridad Interior. Las ONGs que conforman este recién integrado Observatorio Internacional son:

Organización Mundial contra la Tortura (OMTC)
Oficina de Washington para América Latina (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Peace Brigades International (PBI)
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Latin American Working Group (LAWG)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Robert F. Kennedy Human Rights

Parlamento Europeo

Mientras el proyecto de ley era analizado en el Senado, se dio a conocer una carta que enviaron los congresistas europeos (firmada por la vicepresidente Evelyne Gebhardt) en el que manifestaban su inquietud ya que incrementar la autoridad de las fuerzas armadas “no es la solución idónea” frente a la “inseguridad, delincuencia y violencia que enfrenta México”.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Desde que la iniciativa era discutida en la Cámara de Diputados, la CNDH se ha pronunciado en contra de su aprobación. Por eso, ante la posibilidad de que se promulgue la Ley de Seguridad Interior, la Comisión realiza un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad. De tal forma, las cortes proporcionarán una última línea de defensa.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

De acuerdo al INAI, la ley es prácticamente anticonstitucional ya que “no se garantiza el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva de información.”

Comisiones Estatales de Derechos Humanos

Varias entidades estatales de derechos humanos se han sumado a los reclamos contra la Ley de Seguridad Interior, entre ellas, las comisiones de Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Durango, Tabasco, Zacatecas, Campeche, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Observatorio Nacional Ciudadano

La ONC destacó que “no podemos acostumbrarnos a la violencia” y que le corresponde a la sociedad civil combatir la delincuencia con un plan específico. También hace eco de los reclamos de organizaciones nacionales e internacionales al citar que dicha ley implica un retroceso en términos de la política pública de seguridad y de derechos humanos.