Pocas iniciativas de ley han generado tanta polémica este año como la posible aprobación de la Ley General de Biodioversidad en San Lázaro. El proyecto ya fue aprobado por el Senado a finales del año pasado y ahora que el dictamen está en la Cámara de Diputados, la semana pasada recibió el visto bueno de la Comisión del Medio Ambiente para llevarla al pleno, no sin algunas irregularidades que activaron las alarmas de fast track.
Ante las protestas de organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad civil, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tomó la decisión de someter el proyecto a consulta popular antes de que sea votado en el pleno. Por tal motivo, es importante que la opinión pública esté enterada sobre las particularidades de la Ley de Biodiversidad, sus alcances y sus implicaciones para el medio ambiente.
La iniciativa fue presentada en octubre de 2016 por la senadora del PVEM, Ninfa Salinas Sada, y respaldada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A grandes rasgos, la propuesta busca reemplazar la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como el nuevo instrumento normativo encargado de proteger y conservar la biodiversidad en México.
Las dos leyes que la propuesta intenta abrogar han estado vigentes desde hace casi 20 años, calificadas como obsoletas ante los nuevos desafíos climáticos. Por eso, la iniciativa propone fortalecer los alcances de estas dos leyes al unificarlas con otros mecanismos que regulan el medio ambiente, creando a su vez un nuevo marco jurídico incluyente que regule los genes, las especies y los hábitats de la biodiversidad mexicana.
La Ley de Biodiversidad también busca incorporar el Protocolo de Nagoya a la legislación nacional. Con este fin, se contempla el registro genético de las especies de flora y fauna para facilitar su conservación y estudio, sin pasar por alto “los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas”.
La Ley General de Biodiversidad, sin embargo, se ha topado con varios obstáculos interpuestos por organismos civiles que habían logrado frenar y posponer su discusión. Y no fue sino hasta diciembre de 2017 que se propuso un dictamen para expedir la Ley de Biodiversidad, suficiente para aprobar la iniciativa mientras la opinión pública estaba sumergida en el debate de otra iniciativa igual de polémica, la Ley de Seguridad Interior.
¿Cuáles son las objeciones a la Ley de Biodiversidad interpuestas por organizaciones como las agrupadas en la Red Nacional Indígena, Greenpeace México y su Coalición Ciudadana, partidos de oposición, académicos y personalidades como Rubén Albarrán y Sergio Arau?
En primer lugar, los críticos señalan que al abrogar las leyes vigentes, la iniciativa le ofrece un cheque en blanco a las industrias de la minería y el fracking para la explotación de recursos naturales en las tan codiciadas Áreas Naturales Protegidas (ANP). Esto se debe a la permisividad de la legislación, su lenguaje ambiguo y sus omisiones, tal y como fue enviada a la Cámara de Diputados.
También advierten que la iniciativa no promueve la protección de los recursos genéticos sino promueve su mercantilización, ya que la seguridad jurídica que brinda el Protocolo de Nagoya es para los usuarios de estos recursos, es decir, las empresas de biotecnología y farmacéuticas que anhelan la dominación por medio del patentamiento.
Adicionalmente, la Red Nacional Indígena alega que los legisladores nunca consultaron a los pueblos indígenas:
Mancillan y violan nuestros territorios sagrados en donde nuestros abuelos nos han enseñado el cuidado de la madre tierra. Con esta ley pretenden destruir nuestras áreas naturales con nuestros hermanos animales que viven en estas zonas.
Encima de esto, la ley promueve el “aprovechamiento sustentable” y “la biodiversidad como riqueza económica” lo que puede abrir la puerta a la cacería como un método peculiar de conservación de especies.
Seguimos avanzando en buscar los consensos para lograr impulsar la iniciativa de ley general de biodiversidad, de la que existen distintas opiniones y señalamientos infundados.
Palabras de Arturo Álvarez Angli, diputado del Verde y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el mismo que aprobó el dictamen a la minuta del Senado con 15 diputados presentes, por abajo de los votos necesarios de acuerdo al reglamento. Las comisiones de Asuntos Indígenas y de Cambio Climático impugnaron la iniciativa al alegar que, en su prisa por aprobarla, el Verde nunca tomó en cuenta la opinión de las comunidades indígenas.
En medio de toda esta discusión se aproxima una batalla importante en la Cámara de Diputados y la riqueza de la biodiversidad mexicana está en juego. Una consulta popular por lo menos permitirá una amplia diversidad de opiniones.
