La última propuesta migratoria del gobierno de Donald Trump, presentada ante el poder legislativo de EU, podría llevar a la deportación de miles de inmigrantes legales que utilizan ayudas públicas del gobierno.
Grupos protectores de los inmigrantes han señalado que la nueva propuesta migratoria de la administración de Trump busca deportar a miles de inmigrantes de bajos recursos con residencia legal que suelan utilizar ayudas públicas del Gobierno para mantenerse a flote.
La propuesta de Trump pretende anular un precedente judicial que desde 1948 evita la deportación de inmigrantes con residencia legal (green card) que hayan aprovechado estos beneficios públicos dentro de los primeros cinco años de su admisión legal a Estados Unidos.
De acuerdo con el borrador de la nueva regulación presentada por el Departamento de Justicia y a la cual la agencia Reuters tuvo acceso, la propuesta de Trump ampliaría de forma dramática la cantidad de inmigrantes que podrían ser deportados al ampliar la definición de ciudadanos que representan una ‘carga pública‘ para el Estado.
Los beneficios que la propuesta de fallo pretende regular incluyen el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como ‘cupones de alimentos’ o ‘food stamps‘, el cual es ampliamente utilizado por sectores de bajos ingresos de la población estadounidense.
Otros de los beneficios que se verán afectados son el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), el cual se distribuye a las personas mayores y discapacitadas; así como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), los Subsidios de vivienda de la Sección 8 y diversos beneficios de Medicaid.
Aunque esta provisión en la ley migratoria de Estados Unidos ha estado vigente durante décadas, el fallo de una Corte Federal en 1948 ha restringido tales deportaciones excepto para aquellos inmigrantes que se hallan negado a pagar al gobierno luego de que se les exige devolver los servicios públicos recibidos.
El plan debe estar sujeto a comentarios del público para que la propuesta avance y posteriormente debe recibir el visto bueno del fiscal general William Barr, adjudicado por Trump como responsable del poder judicial de Estados Unidos en 2019.
Esta nueva estrategia de Trump se encuentra aún en una etapa primaria, por lo que puede nunca convertirse en una política oficial del gobierno, además de que es muy probable que atraiga demandas.
