La justicia de Yemen, nación arábica colindante con Arabia Saudita, condenó a muerte a Wadah Refat y Mohamed Khaled, de 28 y 31 años de edad, por presuntamente secuestrar, violar y asesinar a Mohamed Saad, un niño de doce años.
La ejecución se realizó en una plaza pública de la ciudad portuaria de Adén, donde cientos de personas se reunieron para ver a los dos hombres ser ejecutados a tiros, entre aullidos de la multitud.
Refat y Khaled fueron arrestados después de secuestrar al niño, quien estaba jugando cerca de la casa de uno de los asesinos, a donde lo llevaron par a violarlo en mayo de 2018.
El juez que dictó la sentencia especificó algunos detalles en el recuento de los hechos.
Después de la violación, no pudieron silenciar el llanto del niño, quien imploraba por ayuda. Uno de ellos tomó un cuchillo y rompió su cuello”, estableció el juez.
Wadah Refat, de 28 años, unos minutos antes de su ejecución pública (Reuters)
La familiar de uno de los hombres, de 33 años de edad, también fue sentenciada a muerte tras revelarse que había ayudado a desmembrar el cuerpo del menor. Sin embargo, su ejecución pública fue pospuesta debido a que se encuentra embarazada, de acuerdo con The Mirror.
Después de ser escoltados a punta de pistola al sitio de la ejecución, a los delincuentes se les ofreció un vaso de agua antes de ser obligados a echarse boca abajo sobre una tela gruesa.
Un militar apunta un arma larga contra las espaldas de Refat y Khaled, sentenciados a muerte por secuestro, violación y asesinato de un menor de edad (Reuters)
Dos militares se posicionaron sobre cada uno de ellos y dispararon dos armas largas, mientras la multitud aplaudía y vitoreaba en el trasfondo.
Sarah Leah Whitson, directora de la organización no gubernamental Human Rights Watch, condenó la ejecución pública.
La ejecución pública es una violación aún más grotesca de los derechos humanos, particularmente en un país donde la habilidad de los acusados para obtener una representación legal adecuada y la cobertura del proceso están severamente limitadas”, aseguró para el diario español El Mundo.
Sarah Leah Whitson, la presidenta de Human Rights Watch, condenó la ejecución pública (POMED)
