En junio de 2015, Donald Trump lanzó su precandidatura a la Presidencia de Estados Unidos con un ataque directo:
Cuando México envía a su gente, no están mandando lo mejor. No te están enviando a ti. No te están enviando a ti. Están enviando personas que tienen muchos problemas y nos están trayendo esos problemas. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Ellos son violadores”, dijo Donald Trump.
Durante un año de gobierno, los ataques a las minorías no han cesado, en especial, a los hispanos.
La administración Trump ha cancelado permisos de residencia y trabajo para unos 950 mil migrantes hispanos, ahora en riesgo de ser deportados.
También aumentaron en 43% los arrestos de migrantes indocumentados, principalmente hispanos, según reportes de Human Rights Watch.
En respuesta, la sociedad civil ha organizado una resistencia y desde la vía legal se han anotado por lo menos tres victorias.
En Columbia, Cortes Federales prohibieron a la administración Trump bloquear el acceso a tratamientos de interrupción del embarazo para cuatro jóvenes que estaban en custodia migratoria sin permiso de residencia legal.
Las jóvenes fueron liberadas y recibieron el tratamiento médico.
Ciudades y condados considerados santuario también vencieron legalmente a la administración Trump, al negarse a cooperar con las redadas contra migrantes.
En agosto pasado, una Corte Federal exoneró de multas y sanciones a policías del condado de El cenizo, en Texas, que se negaron a cooperar con las detenciones.
Los oficiales fueron representados legalmente por la Unión Estadounidense por las Libertades civiles, que, en total durante 10 meses de gobierno de Trump, interpuso 65 demandas defendiendo derechos de migrantes.
El director legal de la ACLU, David cole, apunta que las victorias en los tribunales frente al gobierno de Donald Trump han sido posibles gracias al aumento de la participación ciudadana.
Ante la cancelación del Programa de Acción diferida para Migrantes Llegados en la Infancia, DADA por sus siglas en inglés, organizaciones de dreamers respondieron con manifestantes y cabildeo legislativo.
Hace unos días una Corte de California bloqueó temporalmente la cancelación del programa y la administración Trump tendrá que renovar permisos temporales de residencia y trabajo.
Otras organizaciones, como los abogados del Centro Nacional de Justicia para Migrantes, también tan tomado medidas frente a las redadas del Departamento de Justicia, ofreciendo asesoría legal gratuita.
Según reportes del Servicio de Inmigración, entre febrero y septiembre de 2017, fueron arrestadas 110 mil 500 personas, 42% más que el año anterior.
La resistencia hispana también ha salido a las calles.
El pasado 16 de febrero, en por lo menos 10 ciudades, migrantes cerraron negocios y organizaron protestas masivas como parte del Día sin Migrantes, mayormente hispanos.
Otro ejemplo es el United We Dream, la mayor red de dreamers que lanzó dos campañas presionando al Congreso estadounidense para que regularice su estatus migratorio y derogue la Ley SB4 en Texas.
La red suma unas 400 mil personas que se han manifestado en 26 estados, además de la sede del Congreso norteamericano.
Con información de Alberto Vega-Foro Global
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