Nazario Norberto Sánchez, diputado de Morena, propuso reformas al Código Penal de la Ciudad de México para castigar a los pederastas con castración química.
En la tribuna del pleno Legislativo, Norberto Sánchez presentó una iniciativa para tipificar a la pederastia como delito grave, así como aumentar penas y castigar a los reincidentes con castración química (tratamiento médico para inhibir el deseo sexual).
El diputado local definió a la pederastia como el acto ilícito donde alguien induce, convence u obliga a un menor a ejecutar cualquier tipo de acto sexual, ya sea con o sin su consentimiento; afirmó que la actual legislación no resuelve de forma frontal el problema de la pedofilia.
¿En qué consiste la propuesta?
Esta propuesta plantea modificar el Código Penal para el Distrito Federal, en su Título Quinto de Delitos Contra La Libertad y La Seguridad Sexuales y El Normal Desarrollo Psicosexual, Capítulo VII, denominado Pederastia.
Con esto, las penas por este delito se incrementarían de 8 a 10 años más de prisión si el abuso fue cometido contra menores de cero a cinco años o incapaces; y de seis a ocho años si la edad de la víctima está entre los 6 y 11 años. Además, en caso de tener algún tipo de derecho sobre la víctima -como patria potestad, tutela, curatela o adopción- éste le será retirado al autor del delito.
Se aplicará de 12 a 20 años de prisión, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia”
… afirmó
La pena también aumentaría si tras el delito la víctima sufrió algún daño grave a su salud mental o física, o si el agresor tenía conocimiento de portar una enfermedad de transmisión sexual y hay riesgo de contagio.
Norberto Sánchez propone que, en caso de reincidencia, y luego de que el caso sea analizado por un juez, como medida preventiva el delincuente sería sometido a medidas terapéuticas médicas para inhibir el deseo sexual. Dicho tratamiento puede aplicarse voluntariamente, a fin de reducir la pena impuesta.
Para evitar que el acto vuelva a repetirse, se le prohibirá la convivencia con niñas, niños y adolescentes y se le implementará una pulsera o un chip localizador.
Adicional a la pena impuesta, si el delito fue cometido por un profesionista o servidor público en ejercicio de sus funciones, éste será inhabilitado de su profesión.
En caso de que el abuso tenga como consecuencia un embarazo, el agresor deberá pagar los alimentos para el hijo y la madre, en los términos fijados por la legislación civil.
Esta iniciativa ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Atención al Desarrollo de la Niñez para su análisis y dictamen.
