Despojan a EPN, Eruviel Ávila y Montiel de privilegios como escoltas y asistentes

Eruviel Ávila y Enrique Peña Nieto. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM

El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una resolución con la que podrán retirar ciertos privilegios a exgobernadores mexiquenses, como los servicios de guardaespaldas y asistentes, que eran cubiertos con cargo al erario.

A propuesta de Morena, la legislatura estatal despojó a cada uno los exgobernadores vivos de “premios y recompensas por servicios brindados al Estado”, un paquete que incluía un jefe de ayudantes con rango de subdirector, un chofer, tres oficiales de seguridad pública y una secretaria particular.

Los políticos afectados por esta medida son Eruviel Ávila, Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, César Camacho Quiroz, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo Pagaza y Alfredo Baranda García. Todos ellos afiliados al Partido Revolucionario Institucional.

La propuesta fue presentada por la diputada morenista Azucena Cisneros Coss, quien dijo que el dictamen “representa el primer logro de esta Legislatura en dos de los más sentidos y urgentes reclamos ciudadanos: la eliminación de los privilegios de la clase política y la austeridad en el uso de los recursos públicos”.

De acuerdo a la diputada, estos privilegios eran “el símbolo más evidente de los abusos y excesos” del regimen priista, ya que:

…les regalaron a los exgobernadores un beneficio que ellos nunca le pudieron garantizar a sus ciudadanos: la seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el territorio mexiquense.

La iniciativa fue presentada en diciembre de 2018. Aunque hubo algunos obstáculos y reservas, la propuesta fue apoyada por unanimidad en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas Públicas, según reconoció la legisladora.

En un comunicado, los diputados se comprometieron a seguir combatiendo la corrupción a nivel estatal, lo que incluye analizar y proponer una nueva ley de austeridad y gasto público, otra para regular los salarios máximos y una más para fiscalizar mejor el gasto público y acotar la corrupción en todo lo relacionado a las compras y obras públicas.