Cristina Fernández y el fantasma de la corrupción

Hace unos días se desató un nuevo escándalo en Argentina con el proceso entablado en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita. Pero, a pesar de lo que piense la opinión internacional, este nuevo escándalo no es una gran sorpresa. Cristina Fernández tiene, hasta ahora, 50 causas penales en su contra y algunas de ellas se remontan, incluso, al momento en el que era jefa del estado.

¿Pero de qué se acusa a la ex mandataria argentina? ¿Qué hay detrás de estas acusaciones? ¿Estamos frente a un escándalo de corrupción como el que se dio en Brasil? ¿Veremos acaso a Fernández o a Macri tras las rejas?

Hotesur y los primeros escándalos

En diciembre de 2013, cuando todavía le quedaban dos años de presidencia a Cristina Fernández, el diario argentino La Nación publicó un artículo que causó revuelo. En el escrito se acusaba a la cadena de hoteles Hotesur, propiedad de la entonces presidenta y de su familia, de recibir un trato privilegiado por parte del gobierno.

Así, se estableció que la cadena hotelera, que cuenta entre sus propiedades el lujoso Hotel Alto Calafate, había evitado presentar balances fiscales en los últimos tres años. Así, la cadena hotelera no presentó ingresos, egresos, gastos, flujos monetarios, pasivos, activos y cualquier tipo de información sobre los miembros de su directorio.

Como también ha sucedido con otras empresas en todo el mundo, el Hotel Alto Calafate pronto comenzó a mostrar otro tipo de irregularidades. Por ejemplo, se descubrió que la sede social de la empresa, ubicada en el departamento cinco del número 975 de la calle Lavalle, estaba desocupada desde que los Kirchner compraron la empresa en 2008.

Pero ni por esta infracción, ni por no presentar balance fiscal alguno, la empresa recibió algún tipo de multa o fue sujeta a la investigación de autoridades competentes. De ahí se desprendieron las sospechas sobre el favorecimiento gubernamental a la empresa de la entonces líder del ejecutivo.

Pero eso no fue todo. Este caso se avivó rápidamente con las acusaciones que comenzaron a circular después de un reportaje televisivo a cargo de Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos. La pieza acusaba directamente al Hotel Alto Calafate de servir como fachada para lavado de dinero por parte de un exitoso empresario íntimamente vinculado a Cristina Fernández y a su difunto esposo, el también ex mandatario, Néstor Kirchner.

Aparentemente, siete empresas propiedad de Lázaro Báez firmaron acuerdos retroactivos y confidenciales para pagar 935 habitaciones al mes entre 2010 y 2011. Estos contratos continuaron, a pesar de que la demanda varió con las temporadas y que la enorme mayoría de las habitaciones nunca se ocupó. A través de estos contratos, las propiedades de Cristina Fernández y Néstor Kirchner recaudaron entre 10 y 15 millones de pesos argentinos.   

Los cheques que se giraron entonces por parte de la empresa Valle Mitre (propiedad de Báez) terminaron en las arcas de Hotesur S.A., para luego desligarse a las cuentas personales de la familia Kirchner por concepto de “créditos”. También se cobraron, de los pagos a Hotesur, préstamos a la empresa inmobiliaria Los Sauces S.A. Esta última empresa, como es de esperarse, era también propiedad de los Kirchner y actualmente está siendo investigada por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos.

La cruzada de Bonadío

El juez que se encarga de la investigación en torno a la empresa Los Sauces S.A., Claudio Bonadío, fue también el encargado de iniciar las averiguaciones en torno a Hotesur S.A. En noviembre de 2014, la diputada de la oposición Margarita Stolbizer interpuso una denuncia oficial contra la empresa que resultó en una investigación formal por evasión fiscal. Sin embargo, el caso no llegó muy lejos.

En 2015, durante una fuerte tensión electoral, Bonadío pidió que se allanaran las oficinas de Hotesur con peritos de la Corte Suprema. Pero la defensa de la empresa encontró que no había permiso para utilizar peritos en el caso y Bonadío, principal opositor de Fernández en los tribunales de justicia, fuera retirado del caso.

Pasó poco tiempo antes de que Bonadío regresara a la carga. Apenas tres meses después de que el kirchnerismo fuera derrotado en las urnas por el opositor Mauricio Macri, el juez imputó a la ex presidenta, junto a su ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y al ex gobernador del Banco Central, por perjuicio al estado.

La acusación giró en torno a la llamada “venta de dólar futuro” que constituye una “defraudación contra la administración pública”. El diputado macrista Federico Pinedo y el diputado radical Mario Negri denunciaron una estrategia político-económica de la administración de Fernández para que el dólar no se disparara durante la campaña presidencial que terminó ganando el opositor Mauricio Macri. Según los acusadores, esta estrategia legó una bomba de tiempo económica a la siguiente administración.

Presuntamente, Fernández de Kirchner, Kicillof y Vanoli vendieron a los inversores el dólar a un precio irreal “futuro” establecido en 10 pesos argentinos a sabiendas de que, después de la elección, ganara quien ganara, se devaluaría radicalmente la moneda. Al final, cuando vencieron los títulos, los inversores terminaron ganado un provecho del 50%.

Así, mientras que el dólar llegaba a venderse, en la calle, a 16 pesos, la venta a inversores del dólar a ese precio fue, según los acusadores, un acto absolutamente irresponsable. El problema fue legado a la siguiente administración y el Banco Central Argentino se ha ocupado, desde la llegada de Macri al poder, en intentar remediar este asunto: más del 80% de la emisión monetaria del banco se ha utilizado, desde entonces, para pagar estas pérdidas. Así lo explicó el diario El País:

“El perjuicio para el Banco Central y por tanto para el Estado ha sido de unos 7.500 millones de pesos (500 millones de dólares), en diciembre y enero, pero se estima que con lo que queda por pagar en los próximos meses se van a perder otros 27.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares).”

Los colaboradores incómodos

La comparecencia de Cristina Fernández se pactó para el 13 de abril de este año. Pero antes de que esto sucediera, los tribunales de justicia presionados por Macri, aceleraron procesos y arrestaron a Lázaro Báez, el empresario que pagó enormes cantidades de dinero a Hotesur. La detención de Báez junto a su hijo y un operador financiero causó un enorme impacto mediático días antes de la comparecencia de Fernández. Porque Báez ya había sido un blanco de sospechas por una meteórica trayectoria como empresario apegado al kirchnerismo oficial. Desde que Néstor Kirchner comenzó a ascender al poder, su amigo cercano Báez pasó de ser un cajero de banco a obtener 800 millones de dólares en contratos públicos.

En cuanto Báez cayó preso, comenzaron a circular rumores sobre lo que estaría dispuesto a revelar para conseguir un trato con las autoridades. En un comunicado privado enviado al diario OPI de Santa Cruz, Báez declaró: “creo que ya es hora de decir mi parte”. Hasta ahora no se han hecho públicas las posibles revelaciones que está dispuesto a entregar uno de los grandes privilegiados de los vínculos con las administraciones Kirchneristas.

Pero, de igual manera, otro empresario ligado a la ex presidenta, el llamado “Rey de los casinos”, Cristóbal López comenzó a ser investigado; Ricardo Jaime, ex secretario de transporte en la administración de Fernández, terminó en prisión y varios otros allegados a la anterior administración se enfrentan a diferentes procesos.

Uno de los casos más espectaculares ocurrió en julio de este año cuando José López, ex secretario de obras públicas y funcionario durante los doce años completos del kirchnerismo, fue atrapado intentando ocultar 9 millones de dólares en efectivo en un monasterio. Supuestamente, al enterarse de que sería allanado, el funcionario intentó huír con maletas llenas de dinero y una metralleta. Pero fue detenido al intentar esconder el dinero en un monasterio de la localidad de General Rodríguez.

Todas estas detenciones tuvieron, finalmente, un impacto mediático y la presión política del oficialismo llevó a que, este martes, se iniciara el proceso en contra de Fernández de Kirchner. El juez federal Julián Ercolini ordenó procesar a la ex presidenta, junto a López y al ex ministro de planificación Julio de Vido.

Ercolini también pidió que se congelaran las cuentas de los procesados y que se embargara a cada uno por 10 mil millones de pesos argentinos. Se les acusa de delitos de corrupción, asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, penas que pueden significar más de diez años de prisión.

Esta decisión del juez puede todavía ser apelada y, paralelamente, Fernández deberá seguir el juicio oral entablado por el juez Bonadío por la venta de “dólar futuro”. Pero, finalmente, se marcó un hito: después de muchos procesos, ésta es la primera acusación formal por cargos de corrupción en contra de la ex presidenta Fernández de Kirchner.

El poder judicial argentino, ¿una herramienta política?

El pasado abril, Cristina Fernández, que se mantuvo en silencio durante los tres meses que siguieron a la derrota del oficialismo, dio finalmente la cara. Se trataba de su primera aparición pública en meses y, sin embargo, nadie se había olvidado de ella. La viuda de Kirchner, a pesar de no ocupar ningún cargo público, a pesar de negarse a pisar Buenos Aires, seguía siendo la principal figura de la oposición. Para bien o para mal se hablaba de ella en todas partes. Así, como muestra de poder real, en la primera audiencia pública que sostuvo en abril de este año, ocurrió algo que parecía inaudito: la aparición de la ex mandataria por acusaciones judiciales en su contra se transformó en un mitin político a su favor.

Fernández siempre ha sabido aprovechar las acusaciones en su contra y revertir las corrientes políticas imperantes del país. Y, ahora, a pesar de la gravedad de las acusaciones, no se puede descartar que su figura siga adquiriendo relevancia y poder dentro de la oposición. Porque, todas estas acusaciones suceden en un momento particularmente oscuro para la administración de Mauricio Macri: los llamados Panama Papers lo vinculan a él y a varios miembros de su familia con empresas off shore que sirvieron para la evasión fiscal de sumas estrepitosas de dinero.

Todo parece indicar, entonces, que el orden jurídico sigue estando al servicio de los diferentes poderes que se disputan, a través de la visibilidad de una corrupción generalizada, los hilos de la política de este país. En cualquier caso, sea cual sea el desenlace de estos procesos, las pasadas elecciones presidenciales, los procesos intermitentes en contra de Fernández y este primer año en la administración de Macri han demostrado la importancia de la política en los procesos judiciales en Argentina. Y ese no es, tal vez, el mejor síntoma en una democracia.