La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un proyecto de sentencia a favor del uso del lenguaje inclusivo en las leyes como una medida de apoyo a la equidad de género.
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En la sesión única del Pleno máximo del tribunal mexicano, los ministros discutieron en particular el artículo 12 de una acción de inconstitucionalidad promovida contra las reformas a la Constitución de Puebla, promulgadas apenas el 29 de julio.
Dentro de dicho artículo se incluyó un párrafo en el que se estableció que todas las leyes de la entidad se aplican “sin perjuicio de la utilización del género masculino para la construcción gramatical del texto legal”
Margarita Ríos Farjat, ministra encargada de la elaboración del proyecto, propuso declarar inconstitucional dicha reforma argumentando que existe una obligación para que todas las leyes que sean redactadas engloben a hombre y mujeres por igual, pero la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de 8 votos necesarios para su aprobación.
Señaló también que la constitución poblana es contraria a la obligación que la Constitución general establece desde 2019 para la igualdad de géneros, cuyo objetivo fue:
“…Visibilizar a las mujeres mediante la utilización de un lenguaje inclusivo en la redacción de las normas que contemplan el derecho de la ciudadanía a ser votada”.
Por otra parte, la ministra Norma Lucía Piña apoyó la idea y aseguró que el uso de este lenguaje en las leyes no es un aspecto formal, sino sustantivo para la igualdad de genero.
“No se trata de un mero cambio de palabras, sino de la importancia de que el lenguaje incluyente se respete en cada ámbito legislativo”, destacó.
En cuanto al argumento del ministro presidente, Arturo Zaldivar, se señaló que aunque gramaticalmente el lenguaje incluyente es incorrecto, el tema en este caso no es de formas, pues “el lenguaje crea realidad y fortalece o modifica los estereotipos”.
Alberto Pérez Dayán sostuvo que la construcción gramatical de una ley, en términos únicamente masculinos, no significa que se aplique solamente a los hombres.
Finalmente la propuesta de la ministra Ríos no alcanzó la mayoría calificada que la Constitución general establece para que la SCJN invalide una norma ya en vigor.
