Según el estudio Pobreza y Derechos Humanos, elaborado por el equipo de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, más de 68 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social. Las políticas públicas actuales no han cubierto ni la exigencia mínima de cumplimiento de derechos humanos básicos, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la alimentación.
Los sectores más afectados por estas carencias son los adultos mayores y las personas con discapacidad. El estudio se enfoca en identificar qué derechos humanos corren riesgo en condiciones de extrema pobreza.
La pobreza es una condición socio-histórica de carencia de ingreso suficiente y de falta de acceso a satisfactores y servicios esenciales para vivir y por ello inhibe el ejercicio de derechos, especialmente los derechos económicos y sociales”, sostiene el estudio.
En este país, 7 de cada 10 personas mayores de 60 años no cuentan con un ingreso básico garantizado ni están pensionados. En suma, 65% de mexicanos con discapacidad no reciben el apoyo que les correspondería, según programas de asistencia vigentes. Esta situación se hace evidente cuando se toma en cuenta que sólo 14 de 136 programas federales creados para atender a estos sectores funcionan de manera correcta.
México definió en 2003 tres niveles de pobreza: “alimentaria”, “de capacidades” y “patrimonial”. En el primer grupo están aquellas personas cuyo ingreso es “inferior al costo de la canasta alimentaria”; en la segunda, las de un ingreso que no alcanza a cubrir la canasta alimentaria y los costos de acceso a servicios de salud básicos y de educación. Finalmente, en la última categoría entran aquellos que no reciben suficiente para cubrir la canasta alimentaria, que incluya bienes y servicios básicos (como la ropa, cosas de la casa y medios de traslado).
Como esas categorías resultaron confusas e insuficientes, a partir de 2004 la institución encargada de realizar esas mediciones es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que emplea una metodología multidimensional:
Para la dimensión de ingreso establece dos umbrales: la línea de bienestar (LB) que equivale al costo de la canasta básica y la línea de bienestar mínimo (LBM) que equivale al costo de la canasta alimentaria.1 Las seis carencias consideradas en la medición oficial de CONEVAL son el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, condiciones y espacios de la vivienda, servicios de la vivienda y acceso a la alimentación”, según el estudio Pobreza y Derechos Humanos.
Actualmente, la mitad de la población mexicana no tiene un ingreso que cubra la canasta básica y el 44% tiene, por lo menos, una carencia social. La más grave de ellas es, como puede imaginarse, la del acceso a servicios de salud.
