Opinión Sin Filtro. Este miércoles 19 de abril, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un nuevo acuerdo, actualizando el último de 2014, para armonizar la estructura y funciones de la Fiscalía Anticorrupción con los cambios legislativos que se han dado en los últimos dos años. Dado el contexto electoral actual, donde dos ex-gobernadores han sido atrapados por casos de corrupción, las modificaciones no pudieron ser más oportunas políticamente hablando. No obstante, un análisis del texto revela que el combate a este problema sigue sin ser considerado como un asunto serio por nuestra clase política. Veamos algunos ejemplos.
Si bien se considera que la Fiscalía tendrá “autonomía técnica y operativa”, es decir, que supuestamente contará con la suficiente independencia para perseguir los delitos relacionados con hechos de corrupción, en realidad estará limitada en su actuar. Esto porque se establece que la Fiscalía deberá “proponer al Procurador General de la República, el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas a su cargo”, lo que significa que el Ejecutivo Federal tendrá en sus manos el poder de evitar que se coloque personal que le genere incomodidades. No sólo eso, apuntalando lo anterior, se agregó que “los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas emitidas por parte del Fiscal […] En ningún caso podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Procurador General de la República”.
En un sentido similar, se contempla que los delitos de corrupción de los servidores públicos adscritos a la PGR no podrán ser juzgados por la Fiscalía. Los actos de estos individuos, más bien, serán investigados y procesados por la Visitaduría General. A primera vista, esta situación resulta lógica, como se ve, la Fiscalía aún mantiene nexos con la PGR, por lo cual sería incongruente que ésta fuera juez y parte al investigar y proceder contra sus miembros. No obstante, si realmente se quisiera que la Visitaduría rindiera cuentas como las demás instancias que combaten la corrupción, tendría que ser parte, de cierta forma, de los Comités que dirigen el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que en la actualidad no sucede.
En pocas palabras, la Fiscalía Anticorrupción nacerá atada de manos; sujeta a las restricciones que sean impuestas desde la propia PGR. Es difícil concebir un verdadero combate a la corrupción cuando el juego de pesos y contrapesos no es diseñado apropiadamente. En específico, ¿cómo esperan que el Ejecutivo Federal sea investigado imparcialmente cuando realmente son las manos del titiritero? Además de todo, estamos en riesgo de que la PGR se vuelva una agencia opaca si quienes deben vigilarla deciden “hacerse de la vista gorda” sin rendir cuentas a nadie.
Hoy más que nunca es momento que el combate a la corrupción se tome en serio y que, como sociedad, presionemos a nuestras autoridades para actuar responsablemente. Desafortunadamente, si no es hoy, se vislumbra difícil que las circunstancias actuales se repitan, perdiendo los políticos una oportunidad invaluable para que se realice un verdadero avance más allá del juego electoral de las simulaciones de cambio.
