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Sismo y reconstrucción en la CDMX: la terrible huella de la corrupción

Los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017 tuvieron consecuencias desastrosas en varias partes del país; en el caso específico de la Ciudad de México los desastres naturales además revelaron una trama de corrupción en los distintos niveles de gobierno de la capital; no solo por el turbio manejo de los recursos para la reconstrucción de los inmuebles dañados, también los temblores pusieron en evidencia la red de complicidades vinculadas con la adquisición de permisos para construcción.

En contraste con la negligencia gubernamental, la sociedad civil organizada sacó adelante tanto a la CDMX como al resto de la nación. Ya sea organizándose en redes de rescate o vigilando, reportando y, cuando es el caso, denunciando el actuar negligente de las autoridades.

Una tragedia de proporciones inimaginables

En el 2017 la Ciudad de México resintió un sismo que, por sus características, en más de 270 años de historia no se había presentado, de acuerdo con el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Primero, un evento de magnitud de 8.2 grados el 7 de septiembre; luego, otro de 7.1 pero con una aceleración varias veces superior, cuyo epicentro fue cercano a la capital del país. El desastre natural devino en tragedia que aún padecen cientos de capitalinas y capitalinos que se quedaron sin vivienda y que hasta el día de hoy no tienen claro cuándo recibirán ayuda monetaria o de otro tipo.

El protocolo de sobrevuelo realizado por las autoridades dio una imagen fidedigna de las pérdidas materiales: el colapso de 38 inmuebles en 8 delegaciones. En lo que se refiere a la cifra más lamentable, las pérdidas humanas, 228 personas perdieron la vida, 78 hombres, 122 mujeres y 28 menores. Al mismo tiempo, un número alentador: 69 personas fueron rescatadas con vida en este acontecimiento.

Por si fuera poco, además de los edificios que se cayeron, hubo alrededor de 2 mil 400 casas y edificios dañados, varios de ellos, pese a seguir en pie, han sido declarados inhabitables.

Durante los días siguientes al sismo se registró una constante: una sociedad civil que se organizó, no solo para remover escombros y rescatar personas, sino también para vigilar y señalar la corrupción de la actual administración capitalina, misma quel dejó mucho que desear en su reacción y medidas de apoyo para los damnificados.

Primero, la tragedia natural; luego, el desastre administrativo

Debido al nivel de devastación a causa del sismo, se requerían, además de la reconstrucción y programas de largo alcance, medidas a corto plazo. El Gobierno de la Ciudad de México entregó 21 mil 286 cheques equivalentes a 63 millones 867 mil pesos en apoyos de renta temporales.

Sin embargo, tras la entrega de los primeros apoyos, la Contraloría General de la Ciudad de México encontró elementos de corrupción, específicamente, personas quienes cobraron apoyos para rentas sin necesitarlos. Por lo que el programa se suspendió. Ya se sumaban 6 mil 700 casos irregulares, de acuerdo con El Universal. De modo que la ayuda que debió ser inmediata se suspendió y se reanudó hasta el 2018.

El caso de Xochimilco: la ayuda que pagarán las víctimas

Xochimilco, una delegación gobernada por Avelino Méndez del partido Morena donde predominan las viviendas para las clases populares no fue tan afortunada. Casas derrumbadas, desabasto de agua y un pobre flujo de ayuda debido a vialidades ineficientes fueron algunos de los problemas por los que pasó esta zona de la CDMX después del sismo del 2017.

No obstante, el apoyo llegó. La Fundación Slim a través del grupo Carso en mancuerna con el gobierno capitalino reconstruyó 128 de las 158 viviendas colapsadas en San Gregorio Aclapulco, en la delegación Xochimilco.

Las nuevas casas han demostrado ser resistentes. El 16 de febrero de 2018 padecieron un temblor leve y todas permanecieron en pie. No obstante, los arquitectos de grupo Carso que las construyeron recomiendan precaución, pues ninguna construcción soportaría un sismo de gran magnitud.

Incluso esta historia tiene su lado poco afortunado. En un principio, el gobierno de la CDMX había dicho que el costo de construcción de las nuevas casas –medio millón de pesos– serían gratuitas. Sin embargo, posteriormente se anunció que los habitantes tendrían que absorber la mitad, una deuda difícil de saldar para la gente de esta delegación, sobre todo, después de venir de una desgracia en la que, precisamente, perdieron su patrimonio.

El epicentro mediático: el Colegio Rébsamen

Lo acontecido durante y después del sismo en el Colegio Rébsamen fue el botón de muestra tanto de la organización de la sociedad civil como de la negligencia de las autoridades. Tras la tragedia murieron 19 niños y 7 adultos dentro del inmueble de la institución, debido a las irregularidades en la construcción de la escuela; y, pese a que hay responsables e indiciados, nadie está en la cárcel.

El inmueble de la escuela en la colonia Nueva Oriental Coapa consistía de tres edificios: uno para primaria, otro para secundaria y uno más administrativo. Fueron los dos últimos los que colapsaron y donde quedó atrapada la mayor parte de las víctimas del 19-S.

Los testimonios recabados coinciden en que cada uno de estos inmuebles tenían un departamento en los que vivían miembros de la familia de la directora Mónica García Villegas, pese a que solo tenían permiso para dos.

Según los padres que integran la asociación civil Ángeles Contra la Impunidad, tanto la dueña del colegio, Mónica García Villegas como las autoridades de la Ciudad de México y las de Tlalpan integraron una red de corrupción para aprobar obras ilegales en el Colegio Rébsamen, con documentación falsa de por medio.

Los integrantes de Ángeles Contra la Impunidad quieren que quede clara una idea: los niños fallecidos en Rébsamen no murieron por causa de la naturaleza, sino por una cadena de corrupción.

Mientras tanto, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) y Claudia Sheimbaum, delegada de Tlalpan entre los años de 2015 y 2017, se “echan la bolita”. La titular del INVEA, Meyer Klip, asegura que en el 2016, debido a una queja por la construcción de un jardín en la parte superior del inmueble, revisaron el caso del Colegio Rébsamen; en la investigación se descubrió que los papeles del inmueble estaban aparentemente en regla, y por lo tanto, correspondía a la delegación Tlalpan determinar si el inmueble cumplía o no con la legislación en materia de construcciones. Por su parte, Sheimbaum, hasta el día de hoy, asegura que la delegación recibió un archivo incompleto del caso.

Los tres planteles del Colegio Enrique Rébsamen. (Fuente: AP Photo/Miguel Tovar, File)

Los tres planteles del Colegio Enrique Rébsamen. (Fuente: AP Photo/Miguel Tovar, File)

No obstante, el Bufete Fuentes León, representante legal de seis de los padres de las víctimas y familiares de algunos de los adultos fallecidos, sostiene que fue la administración de Sheimbaum la que entregó información incompleta.

A final de cuentas, nadie asume la responsabilidad de permitir las irregularidades en la construcción del Colegio Rébsamen.

A río revuelto, ganancia de inmobiliarias

Aquel martes 19 de septiembre cayeron 38 inmuebles en ocho delegaciones de la Ciudad de México, más de dos centenares de personas fallecieron. Para muchos en la CDMX fue una tragedia, pero para las inmobiliarias cercanas al gobierno de Miguel Ángel Mancera surgió una oportunidad para hacer negocios.

Organizaciones vecinales como Vecinos Unidos, La Voz de Polanco, SumaUrbana y Va por mi Gente acusan que el Programa Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, propuesto por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, beneficia al llamado “cártel inmobiliario” de la Ciudad de México.

Desde la jefatura de gobierno se encomendó parte de la reconstrucción a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias que agrupa a Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri, constructoras protagonistas del llamado boom inmobiliario de la Ciudad de México.

Según las organizaciones, el programa de reconstrucción propuesto por Mancera y respaldado por el PRD en el proyecto de ley la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no solo beneficia a inmobiliarias específicas, sino que también permite evadir leyes locales de desarrollo urbano.

En su momento, se acusó a la propuesta de Mancera de agudizar los riesgos urbanísticos derivados de las prácticas ilegales del sector inmobiliario de la CDMX. Las agrupaciones vecinales criticaron que para las obras se utilizarán los fondos y recursos destinados a los damnificados del sismo, pues eso se convertiría en un “negocio” para algunos, según reportó sinembargo.mx. Por si fuera poco, se le permitió a los inversionistas construir aun más pisos en edificios que no cumplen las normas de construcción.

“De manera que si la edificación previa era ilegal porque tenía más niveles, el 35% adicional se erigirá sobre el número ilegal de pisos, que además también podrá hacerse en los que solo se refuercen, es decir, se podrán agregar más pisos a edificios dañados”, revelaron organizaciones vecinales en una entrevista a sinembargo.mx.

Además, se advirtió que la obligación de demoler los inmuebles cuando el dictamen lo considere necesario daría espacio a la arbitrariedad.

“El decreto, de aprobarse, otorgará facilidades administrativas, fiscales y de financiamiento a todos los inmuebles que los DRO’s [Directores Responsables de Obra] y Corresponsables en Estructuras de SEDUVI clasifiquen como inhabitables, lo que abre la puerta a abusos en el proceso, pues por medio de una gratificación al DRO –única instancia facultada para emitir dictamen— podrían enlistarse edificios que no necesariamente tengan esa condición”, señalaron organizaciones vecinales. “Lo anterior permitiría al sector inmobiliario apropiarse de predios de alta plusvalía, lo cual representa un mecanismo de despojo a quienes los habitaban, y con las facilidades en trámites expuestas arriba, puede preverse que el capital inmobiliario inicie en lo inmediato una puja por adquirir edificios presuntamente afectados por el sismo”.

Las inmobiliarias de siempre

Cuatro empresas constructoras vinculadas con el gobierno de Miguel Ángel Mancera y beneficiadas por el llamado boom inmobiliario fueron las encomendadas para la reconstrucción posterior al sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México.

El boom inmobiliario, es el periodo en el que, mediante la modificación del marco jurídico y la reserva de documentos, se permitió la edificación de “mega proyectos”, lo que ocasionó colapso y caos, según una investigación de sinembargo.mx.

Dicho boom fue el auge inmobiliario de la capital del país que trajo aparejados fenómenos como el desabasto de agua, deforestación, precios de hasta 10 millones de pesos por 60 metros cuadrados,
precios que no van acorde con el objetivo de satisfacer la vivienda social.

De acuerdo con Plumas Atómicas, una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México de 150 edificios construidos después de 2004 (año de la última reforma sobre construcción que se implementó) observó que 71% de las construcciones no cumplían con las normatividad técnica oficial.

Las empresas a las que el Jefe de Gobierno le pidió las tareas de reparación de miles de edificios y que conforman la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) son Fibra Danhos, Grupo Ideal, Grupo Gigante Inmobiliario y Grupo Copri.

Resulta paradójico que muchos de los responsables –tanto en sector público como en el privado– de las irregularidades que facilitaron la construcción de varios de los edificios que se colapsaron el 19 de septiembre del 2017 sean quienes se encargaron de la reconstrucción.

El periódico estadounidense The New York Times, días posteriores al desastre, reportó que:

“La revisión de construcciones ha quedado en manos de una red de ingenieros o arquitectos que son contratados y pagados por los desarrolladores inmobiliarios y por las constructoras, lo que genera conflictos de interés que pueden socavar hasta los mejores estándares”.

Para los organismos de la sociedad civil que se han abocado al análisis del actuar del gobierno capitalino se trata de una cadena de corrupción que continúa y que tuvo como consecuencia más grave la pérdida de decenas de vidas.

“Esto es parte del fenómeno de corrupción que no sólo está inmerso en el sector de la construcción, es una cadena que cobró la vida de personas inocentes que ahorita estarían vivas si se hubiera hecho de manera correcta y cumpliendo los estándares establecidos”, dijo Dolores Franco, del Colegio de Urbanistas de México.

Los perseguidos

Tras el dictamen pericial que reportó irregularidades en la cimentación y estructura de los edificios que se derrumbaron en la CDMX, las autoridades detuvieron a Jaime Ríos, uno de los arquitectos implicados en la construcción del edificio que colapsó en Zapata 56, en la delegación Benito Juárez, donde murieron dos mujeres. El inmueble de 24 departamentos se había entregado apenas un año antes. Cerca de 20 familias, quienes invirtieron un total de 2.5 millones de pesos para vivir ahí, se quedaron en la calle.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene 36 expedientes contra 18 constructoras. Tan solo 13 quejas son contra Canada Building, inmobiliaria que edificó el edificio de Zapata.

En el caso del ya mencionado Colegio Enrique Rébsamen se giró una orden de aprehensión contra la dueña y directora Mónica García Villegas, quien construyó sin licencias su departamento sobre la escuela ubicada en Tlalpan, lo que dañó la estabilidad del edificio. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Su abogado Javier Coello, quien también representa al ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, dice que su cliente, García Villegas, dará la cara cuando la situación jurídica sea la adecuada.

¿Y los recursos para la reconstrucción?

Ciudadanos integrantes de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México se dieron cuenta de que su participación en el procedimiento para evaluar la adjudicación de recursos para la reconstrucción es meramente superflua, ya que la Asamblea, en el decreto de Presupuesto de Egresos, otorga a tres diputados la decisión de “autorizar, supervisar, vigilar y proponer” recursos por más de ocho mil 200 millones de pesos para la reconstrucción.

Tal como anunció Proceso, entre otros medios, el titular de la comisión, Ricardo Becerra, señaló que aunque desconoce las prioridades en que orientaron al gasto de esos recursos, las prioridades de la Comisión son dar certeza jurídica, anulación del riesgo para las personas, estudios de suelo y reforzamiento, visita constante y diálogo con los damnificados.

Seis meses después, la ciudadanía exige recordar a las víctimas. (Fuente: AP Photo/Eduardo Verdugo)

Seis meses después, la ciudadanía exige recordar a las víctimas. (Fuente: AP Photo/Eduardo Verdugo)

Asimismo, damnificados unidos de la Ciudad de México, la Coordinadora Democrática de la Ciudad de México, Colectivo 19 de septiembre y damnificados de Tlalpan y Cuauhtémoc se han organizado para que se entreguen los recursos para los afectados por el sismo del año pasado. Por lo pronto ya se anunció el “Festival contra el olvido 19S. Volveremos a casa”, según reportó Eje Central.

Las iniciativas ciudadanas

En contraste con la corrupción gubernamental, la sociedad civil emprendió acciones en respuesta a la tragedia del 19 de septiembre del 2017; no se trata solo de los valiosísimos esfuerzos de rescate ampliamente documentados en medios, sino también con críticas y propuestas a la reconstrucción de las zonas afectadas en el país.

Un ejemplo es #Epicentro, un grupo de más de 30 organizaciones sociales, empresariales y académicas, que lanzó una propuesta para la reconstrucción de las áreas dañadas con un enfoque en los derechos humanos, perspectivas de género, infancia y discapacidad; tomando en cuenta la pluralidad cultural y geográfica.

“Las personas afectadas por los desastres naturales no deben ser objeto de discriminación alguna de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos. Las personas afectadas, especialmente las mujeres y niñas, deberán estar protegidas frente a la violencia por motivos de género”, una de las propuestas de #Epicentro.

Como muchas organizaciones de la sociedad civil, #Epicentro recomienda vigilancia ante las señales de corrupción gubernamental.

“Se adopten medidas para la preservación de toda la evidencia que pueda ser útil en la determinación de posibles responsabilidades tanto de actores estatales como no estatales por negligencia o incumplimiento de normativo de construcción”.

Millennials, los protagonistas de la reconstrucción

Los millennials, la generación estigmatizada por ensimismada y narcisista demostró durante los días posteriores al sismo que es mucho más que las etiquetas que le adjudican. Ya sean individuos que se reúnen espontáneamente para retirar escombros, o esfuerzos colectivos de una coordinación más compleja, los jóvenes fueron el rostro de la reconstrucción.

Voces contra la corrupción

Otras organizaciones de la sociedad civil optaron por un enfoque distinto en lo que se refiere al sismo y lo que pasó después. Por ejemplo, está el caso de Réplica, un esfuerzo mediático que recopila y difunde información relacionada con las reconstrucciones posteriores a los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos.

El objetivo de Réplica es informar e incidir en una visión de derechos para una reconstrucción con planeación, equidad y dignidad. Este esfuerzo colectivo que engloba a medios como Huffington Post, Animal Político, Chilango, Oxfam, Vice, Plumas Atómicas, entre otros, hace una exigencia permanente y directa de transparencia en la información, memoria colectiva y justicia ante la corrupción.

“Vimos que era importante contribuir a la memoria colectiva de estos desastres. Réplica es un esfuerzo para que toda esta investigación y big data que se está generado tenga una plataforma de difusión y contribuya a la memoria histórica”, dijo Cristina de la Fuente, gerente de comunicación de Oxfam México, a Animal Político.

Réplica considera importante dar seguimiento a los recursos destinados a la reconstrucción, para así generar una rendición de cuentas, crear memoria y asegurar que en el proceso se tome en cuenta el contexto de desigualdad de los estados afectados. Para este colectivo de medios la denuncia es puntual: los sismos pusieron en evidencia problemas de corrupción en los distintos niveles y órdenes del gobierno.

Al igual que #Epicentro, para Réplica es importante tomar en cuenta las particularidades culturales, sociales y de género.

“Hemos tenido problema con algunas comunidades donde no existen encuestas desagregadas por sexo, y para nosotros es importante que nuestra respuesta humanitaria tenga enfoque de género”, comenta la representante de Oxfam a Animal Político.

Por ejemplo, hay comunidades en Oaxaca donde los hombres migran para buscar otras fuentes de recursos y las mujeres se quedan en casa, por roles de género, para atender a la familia. La problemática de ellas es distinta y debe ser tanto diferenciada como documentada.

La ciudadanía vigilante ante la corrupción del poder

El proceso de reconstrucción posterior a los sismos del 2017 en México evidenció la enorme corrupción con la que proceden los distintos órdenes de gobierno. Esto no sería posible sin los colectivos de la sociedad civil que vigilan el proceder de las autoridades.

Tal es el caso del colectivo Nosotrxs, que documentó cómo, posteriormente al sismo, las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc solicitaron 14 mil 684 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal a la Asamblea Legislativa y ese dinero fue destinado supuestamente a tabletas electrónicas, juguetes, papelería y otros artículos que no tenían nada que ver con la reconstrucción.

Los sismos del 2017 no solo sacudieron los edificios, también las conciencias de la ciudadanía que se organizó para trabajar en pro de los afectados. Organizaciones de la sociedad civil asistieron a los damnificados, registraron los hechos y señalaron la corrupción. En contraste, según las distintas iniciativas ciudadanas, el gobierno capitalino demostró falta de preparación, ineficiencia y malos manejos, tanto al nivel de la Jefatura de Gobierno como de las delegaciones, entre ellas, Tlalpan.

Solo el tiempo dirá hasta dónde llega la red de complicidades en el manejo de los recursos y la regulación del negocio inmobiliario. Mientras tanto, podemos sentirnos orgullosos de una ciudadanía más alerta.

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