Matanza de San Fernando

¿Qué pasó con los 72 muertos de San Fernando? A 7 años de la matanza

Breve relato de los hechos o Algunas razones para la indignación

El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina encontró los cuerpos de 72 migrantes abandonados en una bodega en San Fernando, Tamaulipas. Cada uno tenía las manos atadas y un tiro de gracia en la cabeza, salido de una misma arma de fuego. El aviso el hallazgo lo dio un sobreviviente que, de alguna manera, logró caminar 19 kilómetros en completa oscuridad hasta el puesto de vigilancia más cercano al lugar.

En la bodega se encontraron 58 hombres y 14 mujeres, aunque según algunas versiones tempranas había entre 74 y 77 migrantes en el momento de los hechos. De acuerdo con las declaraciones del único sobreviviente identificado, ninguna de las personas que viajaba rumbo a la frontera con Estados Unidos tenía relación previa con sus captores. El problema se desató cuando la mayoría se negó a trabajar para grupos de crimen organizado. En el momento en que ocurrió la masacre, una banda narcotraficante, conocida como los Zetas, controlaba ese territorio.

La Marina tardó varias horas en llegar al sitio indicado. Los primeros fueron medios locales de comunicación, por eso en las fotografías más populares de los hechos no se observa ningún cordón de seguridad o marcas de peritaje. Una vez hecho el anuncio oficial, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) esperó cinco días para sacar todos los cadáveres de donde fueron encontrados. Desde luego, por las condiciones climatológicas, la mayoría se encontraba en un avanzado estado de descomposición para cuando fueron llevados para su análisis forense. Además, como la PGJT no siguió ningún protocolo de conservación, muchas evidencias se perdieron. Un año después, la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos encontró varios objetos personales abandonados en el lugar de la masacre.

Hasta el momento, sólo se ha hecho pública una lista parcial con la descripción de 44 cadáveres, que recuperó el grupo de Periodistas de A Pie. Ese equipo se hizo cargo de una investigación independiente en la que recogieron la mayor cantidad de información sobre el caso. Los resultados que obtuvieron pueden leerse íntegramente en el sitio web Másde72.

El derecho a una verdad dolorosa: impunidad y violencia de Estado

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6. Nov. 2010. 13 madres de migrantes centroamericanos desaparecidos hicieron una parada en la Basílica de Guadalupe en su camino a la frontera para pedir información sobre sus seres queridos y condenar la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas. (AP Photo/Claudio Cruz)

6. Nov. 2010. 13 madres de migrantes centroamericanos desaparecidos hicieron una parada en la Basílica de Guadalupe en su camino a la frontera para pedir información sobre sus seres queridos y condenar la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas. (AP Photo/Claudio Cruz)

A penas en junio de este año (2017) se logró un paso fundamental: la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció la masacre como una violación grave a los derechos humanos. Este avance fue resultado de una fuerte batalla legal para que la Suprema Corte de Justicia escuchara las peticiones de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que representa a varios de los familiares de las víctimas.

A partir de un análisis jurídico pormenorizado del contenido de la información del referido caso, la CNDH determinó que los hechos están relacionados con “violaciones graves” a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas. (CNDH)

Esto implica que el expediente que registra los hechos debe abrirse a consulta general. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que en casos como éste, la información no puede estar reservada.

Tratándose de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad — como en los casos de las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012 — esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado. (FJEDD)

En realidad, el terror no llegó a su fin cuando se encontró la fosa con los cuerpos masacrados. Por el contrario, a partir de ese momento, comenzó una secuencia de atrocidades administrativas y burocráticas que no han culminado. El 25 de agosto de 2010, 23 de los cuerpos fueron llevados a una funeraria en San Fernando, los otros 49 se quedaron en la Base Naval. El trato que se dio a los cuerpos hizo imposible su conservación: muchos permanecieron varios días a la intemperie o en bolsas de plástico esperando su traslado. Varios fueron rociados con cal para aminorar el olor que despedían. Eso provocó que la piel se quemara y sus rasgos físicos se borraran. Más adelante, las familias no pudieron identificar a sus muertos. Aunado a esto, en su momento, la CNDH denunció que las autopsias fueron realizadas con descuido:

  • El grado de putrefacción de los cuerpos quedó mal asentado.
  • No se registró cuáles cuerpos tenían las manos atadas y cuáles los ojos vendados.
  • A 27 víctimas no se les determinó la edad.
  • Algunas de las causas de muerte no se corresponden con el nivel de daño en los cuerpos.
  • La descripción del estado de las dentaduras es insuficiente.
  • No se hicieron análisis ni pruebas para determinar si las víctimas sufrieron algún tipo de abuso sexual.

Finalmente, 56 cuerpos que la PGJT no pudo identificar se llevaron a la capital del país. El tráiler empleado para el traslado no contaba con sistemas de ventilación, por lo que la descomposición orgánica de los cuerpos aumentó. A su entrada a la Ciudad de México, el conductor provocó un accidente vehicular en el que una mujer perdió su pierna y los cadáveres sufrieron mayor deterioro.

Con todo, varios restos mortales fueron repatriados a Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil, Ecuador e India. El resto se depositó en una fosa común en el panteón de Dolores de la capital metropolitana.

El 30 noviembre del 2012, el último día de la administración de Felipe Calderón, peritos de la PGR acudieron al panteón Dolores, sacaron 10 cuerpos de las víctimas (1 de esa masacre y 9 de las fosas encontradas en San Fernando en abril de 2011), los calcinaron, disminuyendo a polvo las evidencias del crimen y de la identidad de los cuerpos. Otra vez, las razones fueron sanitarias.

Acciones por tomar

Matanza San Fernando Tamaulipas, 72
24. Sep. 2010. Familiares cerca de los cuerpos de Victoria Yeimi Castro y Wilmer Antonio Velazquez en el aeropuerto de Comalapa, el Salvador. Castro y Velazquez fueron dos de los 72 migrantes masacrados en Tamaulipas. (AP Photo/Luis Romero)

24. Sep. 2010. Familiares cerca de los cuerpos de Victoria Yeimi Castro y Wilmer Antonio Velazquez en el aeropuerto de Comalapa, el Salvador. Castro y Velazquez fueron dos de los 72 migrantes masacrados en Tamaulipas. (AP Photo/Luis Romero)

Varias de las familias de las víctimas denunciaron que el Gobierno mexicano nunca ofreció pruebas claras de identificación de los restos de sus seres queridos. A la mayoría sólo le llegaron cajas con una especie de arcilla en el interior. La incertidumbre sobre el paradero final de quienes un día dejaron su casa para migrar a los Estados Unidos continúa para muchos. Once cadáveres nunca fueron identificados, así que en algún lugar del mundo hay alguien esperando noticias de un familiar que nunca volverá.

Ahora, siete años después de los hechos, la CNDH acepta el grado alarmante de violencia que sufrieron 72 personas en agosto de 2010 y 72 familias a lo largo de estos años. La apertura del expediente pretende ser una base sólida para señalar responsables, tanto de los asesinatos de las víctimas como de la tortura psicológica que sufrieron sus familias.

Aunque hay dolorosos errores cometidos que ya no pueden restituirse (como la descomposición de los cuerpos), todavía hay espacio para ejercer justicia. Identificar todas las omisiones y fallas del sistema judicial mexicano es un primer paso para su mejora y para evitar a toda costa que hechos como éste se repitan.

Texto de Cuarto Piso

Imagen principal de José Aguilar

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21. Marzo. 2012. Familiares en el ataud que contiene el cuerpo de de una de las 193 personas que fueron encontradas muertas en el estado de Tamaulipas en 2011. Esta otra matanza fue solo un año después de la de los 72 migrantes de San Fernando. (AP Photo/Rodrigo Abd)

21. Marzo. 2012. Familiares en el ataud que contiene el cuerpo de de una de las 193 personas que fueron encontradas muertas en el estado de Tamaulipas en 2011. Esta otra matanza fue solo un año después de la de los 72 migrantes de San Fernando. (AP Photo/Rodrigo Abd)

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