Es 1898 y el Imperio Español está al borde del desmoronamiento. En ese momento su rival más poderoso es una joven nación que se alza como una amenaza a su hegemonía geopolítica y que busca expandir su influencia sobre las viejas colonias hispanas: Estados Unidos.
En esos años la situación diplomática entre ambos países era tensa y el explosivo hundimiento del USS Maine, un moderno acorazado que protegía intereses estadounidenses en La Habana durante la guerra de Independencia Cubana, no hizo más que agudizar el conflicto entre el imperio emergente y el que estaba en declive.
El incidente no tardó en desatar la guerra hispano-estadounidense y luego de tres meses y 17 días de combate directo entre ambos ejércitos, España quedó derrotada y sus colonias fueron cedidas a Estados Unidos. Los españoles identifican este episodio histórico como el Desastre del 98.
A pesar de que las circunstancias del hundimiento del USS Maine son turbias, los Estados Unidos culparon a España por ello (Wikimedia Commons)
A través de los Tratados de París firmados en diciembre de 1898, Filipinas, Puerto Rico, Guam y Cuba fueron cedidos a Estados Unidos (aunque esta última como república independiente).
Desde entonces la isla caribeña de Puerto Rico forma parte de Estados Unidos como territorio no incorporado, lo que significa que su gobierno es controlado desde la Casa Blanca, pero sus ciudadanos gozan de cierta autonomía.
Para finales del siglo XIX a Estados Unidos ya se le veía con intenciones expansionistas sobre el Caribe (Wikimedia Commons)
Cabe mencionar que no fue hasta que el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1917 la Ley Jones, que los puertorriqueños obtuvieron la ciudadanía estadounidense. Esto les garantizó casi los mismos derechos que los ciudadanos que viven dentro de uno de los 50 estados de la unión americana.
A través de la constitución de 1952 los residentes de este país pueden elegir a su gobernador, asamblea general y Senado, pero no contar con un representante en el Congreso de Estados Unidos debido a que el territorio no es considerado un estado más de la unión, sino parte de la Mancomunidad.
Los puertorriqueños tienen derecho a ondear su propia bandera, usar el dólar estadounidense, hablar inglés o español pero no participar en elecciones presidenciales si siguen viviendo en la isla (los que residen legalmente en territorio estadounidense sí pueden hacerlo).
Las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos se ondean en el capitolio de San Juan, Puerto Rico (Wikimedia Commons)
La máxima autoridad en esta nación insular es el Gobernador, mismo que es elegido por los ciudadanos de Puerto Rico. Actualmente es Ricardo Rosselló Nevares el que ostenta este cargo.
La gente que vive en este país tiene completa libertad para viajar al resto de Estados Unidos, pues cuentan con pasaporte estadounidense y la necesidad de presentar una visa se anula con ellos. Para un puertorriqueño viajar a Nueva York es tan sencillo como lo es para un residente legal de California hacer un viaje a Washington.
¿Quieren los boricuas formar parte de Estados Unidos como estado?
De acuerdo a un plebiscito realizado en junio de este año, 97% de los votantes dijo que les gustaría, pero debido a la naturaleza no vinculante del proceso, la situación jurídica de la isla aún deberá ser analizada por las autoridades federales en Washington para que cambie.
Para Rosselló, actual gobernador de Puerto Rico, es “indigna” la situación colonial del país que gobierna, por lo que pide que el gobierno de Trump revalúe para que por fin se convierta la isla en el estado número 51.
Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero
cuentan con su propia delegación olímpica (Wikimedia Commons)
Actualmente la situación legal de los puertorriqueños es dual. En un memorándum enviado por el embajador estadounidense Henry Cabot Lodge Jr. en 1953, se reconoció que “la gente de la isla es considerada ciudadana de Estados Unidos y de Puerto Rico al mismo tiempo”.
¿Eso los hace inmigrantes al momento de pisar cualquiera de los 50 estados de la unión americana? La respuesta corta es no, porque, salvo algunas excepciones, ellos cuentan con todos los derechos de un ciudadano estadounidense.
