Pena de Muerte: Casos que han generado controversia

La pena de muerte es signo peculiar de la barbarie
-Víctor Hugo

Septiembre de 2011: Después de más de 20 años en la cárcel, tres ejecuciones aplazadas y múltiples peticiones de clemencia llegadas de todo el mundo, a Troy Davis, un afroamericano acusado de homicidio, le fue aplicada una inyección letal en Georgia, Estados Unidos. La pena mayor fue consumada sin evidencias concretas, sin el arma utilizada y con siete de nueve testigos que se retractaron y acusaron presiones de la policía.

Mayo de 1990: Jesse Tafero padeció una de las muertes más brutales de la que se tenga registro en la silla eléctrica. Un fallo triple de la máquina provocó que su sufrimiento se prolongaba por varios minutos. Después de la ejecución, Walter Rhodes, quien viajaba con Tafero el día de los hechos, declaró haber sido el autor de los disparos.

Diciembre de 1989: La causa de la condena a muerte de Carlos de Luna fue la mala suerte. El joven tuvo el desafortunado tino de llamarse igual, vivir en el mismo estado y tener un parecido extraordinario con el hombre que había apuñalado a una mujer en una gasolinera de Texas. Dos décadas más tarde, un informe de la Universidad de Columbia llegó a la conclusión de que probablemente era la persona equivocada.

A pesar de las evidencias de probables inocencias, del margen de error en los procesos y de las dudas sobre sus efectos disuasivos, en Estados Unidos la llamada pena capital sigue siendo legal en 27 estados. Si bien la tendencia internacional se inclina hacia el sentido opuesto, este país ha sido uno de los más reticentes para abolir este castigo que, de acuerdo con la ONU, contradice al derecho a la vida y al derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En casi medio siglo, más de mil 500 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos por sentencias de muerte y, algunas de ellas, no tuvieron acceso a un abogado eficiente o fueron víctimas de un sistema judicial falible. De acuerdo con un informe reciente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, se ha demostrado que de 9 mil 600 personas sentenciadas desde 1973, al menos 185 han sido exoneradas porque su condena era injusta.

Breve historia de la pena de muerte en México

Aunque en otras proporciones, México también tiene sus historias. Ahí está el cura Miguel Hidalgo, condenado a muerte por ordenar alevosos homicidios o José María Morelos y Pavón, fusilado por herejía y traición.

Mural conmemorativo en el sitio del fusilamiento de Miguel Hidalgo, en Chihuahua. (Imagen: De Lyricmac de Wikipedia en inglés, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4380226)

Y ahí está también uno de los casos más emblemáticos de una condena sin sustento: la del jesuita y activista por los derechos humanos Miguel Agustín Pro. Durante la Guerra Cristera, el sacerdote fue acusado de sabotaje y fue fusilado, junto con su hermano, por orden directa de Plutarco Elías Calles y sin juicio de por medio.

En nuestro país, la historia de la “pena capital” se cuenta por siglos. En La pena de muerte en México (Boletín mexicano de derecho comparado), la investigadora de la UNAM, Olga Islas de González Mariscal, señala que el derecho azteca reconocía formas como el descuartizamiento, la decapitación, la lapidación y la horca. Y son conocidos los castigos mortales que se aplicaban con la Inquisición en la Colonia. Ya en su etapa independiente, México mantuvo la pena de muerte en su legislación, incluso con rango constitucional. Fue reconocida en la Constitución de 1857, con causales agregadas como la traición a la patria en guerra extranjera, los delitos graves de orden militar y los de piratería definidos por la ley.

En el primer Código Penal Federal (1871) se mantuvo esta sanción, a pesar de los argumentos presentados en favor de su abolición. La mayoría de los integrantes de la comisión redactora calificó la pena de muerte como ilegítima, injusta, no ejemplar, indivisible e irreparable; sin embargo, el presidente de este órgano, Antonio Martínez de Castro, consideró que la decisión de eliminarla comprometería la seguridad pública debido a la inseguridad que prevalecía en las prisiones del país.

Exactamente un siglo después de la promulgación de la Carta Magna de 1857, se realizaron los últimos fusilamientos de la justicia civil en el país. Juan Zamarripa y Francisco Ruiz Corrales, condenados por violación y asesinato de dos niñas, fueron llevados al paredón y liquidados con los tiros de diez carabinas de fabricación estadounidense que habían sobrevivido a la Revolución. “Fusilaron a los chacales”, se leía el 18 de junio de 1957 en las primeras planas de los diarios locales de Sonora.

Cuatro años después, la madrugada del 9 de agosto de 1961, un soldado de nombre José Isaías Constante Laureano moría en un paredón militar de Saltillo, condenado por insubordinación y asesinato. Ya no alcanzó a ver el amanecer, a pesar de que había pedido que no le vendaran los ojos para morir mirando al alba. Ese fue el último hombre pasado por las armas en México.

La abolición de la pena de muerte en México y los casos de otros países

La pena de muerte quedó definitivamente abolida en el país el 9 de diciembre de 2005. El entonces presidente Vicente Fox dijo que esa fecha quedaría grabada en la historia nacional como el día en que México “se unió a los países que tienen en el respeto al derecho a la vida, uno de sus más altos derechos…”.

Si bien más de un centenar de países ha abolido este castigo, la pena de muerte sigue siendo un desafío global. En 2021, Amnistía Internacional documentó 579 ejecuciones con métodos como decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego. La cifra representa un incremento de 20% con respecto al año previo. Hay casos que preocupan particularmente, como los de Irán o China, donde se cree que ha habido miles de ejecuciones, aunque el número es difícil de determinar por tratarse de un secreto de Estado en aquel país. Además, en algunos de los países que aún aplican esta pena, las ejecuciones incluyen a menores de edad.

https://twitter.com/GomezMarcos/status/1579483762936541184

Amnistía Internacional advierte que “cada día, algún Estado ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por algún delito, y a veces por actos que no deben estar castigados”,

La Federación Internacional por los Derechos Humanos ha sido enfática en manifestar que la pena de muerte es un tratamiento inhumano e incluso una forma de tortura, y que además su efecto disuasivo nunca se ha demostrado. Apoyada en las misiones de investigación que realiza por el mundo, esta organización asegura que este castigo se pronuncia tras juicios injustos y que, con frecuencia, su aplicación es discriminatoria. Los casos de Troy Davis, de Jesse Tasfero y de Carlos de Luna son solo algunos ejemplos de esta terrible realidad.