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Los momentos que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto

Aquí tenemos resumidos los importantes momentos del gobierno de Enrique Peña Nieto tales como el Pacto por México, el caso Ayotzinapa, etcétera...
noviembre 27, 2018

El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) estuvo lleno de reformas profundas, hechos violentos y considerable polémica. Este sexenio será recordado por la desaparición de estudiantes, por los cambios estructurales que modificaron la constitución y por una derrota histórica del partido hegemónico que gobernó México durante tantas décadas.

Ahora que termina este polémico sexenio, es momento de hacer un recuento de los hitos que marcaron el mandato del presidente Peña Nieto. Tal vez, en estos momentos polémicos y tumultuosos se encuentre la razón histórica de las elecciones de este año; tal vez, sirvan para situar la situación política de México en la actualidad y recordar que pasó en seis años singularmente largos.

Toma de posesión

Desde mayo del 2012, las protestas del movimiento #YoSoy132 habían creado un ambiente generalizado de rechazo hacia el Partido Revolucionario Institucional, su relación con las televisoras (en particular, Televisa) y con el candidato Enrique Peña Nieto.

Fue en este ambiente de constante tensión que se colocaron barreras custodiadas por la policía alrededor del recinto legislativo de San Lázaro. Tras distintas protestas por parte de legisladores del Partido de la Revolución Democrática y comerciantes locales, estas barreras fueron retiradas. Finalmente, las barreras volvieron a montarse en los albores de la toma de protesta del presidente electo, el 30 de noviembre de 2012.

Durante la toma de protesta, numerosos colectivos, incluyendo el #YoSoy132, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, movilizaron diferentes protestas en San Lázaro y en Palacio Nacional. Las primeras confrontaciones se dieron, sin embargo, cuando un grupo no identificado comenzó a agredir a las fuerzas policiales que rodeaban el recinto de San Lázaro con bombas molotov, piedras e, incluso, un camión de basura usado como ariete contra las vallas metálicas.

Las confrontaciones escalaron y las fuerzas policiales del entonces Distrito Federal terminaron por reprimir las protestas cometiendo distintas violaciones a los derechos humanos de los inconformes. Según el informe presentado por Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia atentaron hacia “la libertad y seguridad personales en relación con el debido proceso legal, a la integridad personal, y a la manifestación y a la protesta”.

A pesar de que no se sabe bien si se utilizaron balas de goma o si solamente hubo disparos de latas de gas lacrimógeno y arrestos arbitrarios, las confrontaciones del llamado 1DMX dejaron a una persona muerta. Juan Francisco Kuykendall Leal murió un año después de los enfrentamientos por una fractura craneal con exposición de materia encefálica. Al final, como bien señaló la CDHDF, el despliegue de fuerza en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto dejó secuelas considerables en las víctimas y en la fragilidad de la instituciones democráticas mexicanas.

El Pacto por México

El primer acto como presidente de Enrique Peña Nieto fue establecer el llamado “Pacto por México” entre los tres poderes políticos principales del país. El acuerdo se firmó el 2 de diciembre, un día después de la toma de posesión de Peña Nieto, y lo firmaron el mismo presidente, Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN, Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD y Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del PRI. Algunas semanas después también se sumó el Partido Verde Ecologista de México.

La intención del pacto era crear un cierto consenso político que le permitiera al presidente impulsar el ambicioso proyecto de Reformas Estructurales sin enfrentarse a una creciente oposición política. Antes de que el PRD abandonara el pacto en 2013, se lograron promulgar con estos acuerdos la Reforma Educativa y la Reforma en Telecomunicaciones. Posteriormente, se logró también firmar la reforma financiera.

El “Pacto por México” fue muy criticado por los contendientes políticos de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, sigue siendo uno de los mayores logros de consenso político en su gobierno y, tal vez, el mayor paso para lograr impulsar sus Reformas Estructurales.

Cárcel a Elba Esther Gordillo

Antes las dudas que había causado una elección polémica y una toma de posesión manchada por la violencia y el abuso policial, el presidente Enrique Peña Nieto buscó un primer golpe de legitimidad al arrestar por operación con recursos de procedencia ilícita a Elba Esther Gordillo, la líder sindical más poderosa de México. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Gordillo había encabezado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) conformado por más de millón y medio de maestros.

Se le acusó de realizar decenas de transferencias, con la complicidad de otras tres personas, por un monto que rebasaba los 2 mil millones de pesos a cuentas bancarias en Suiza, Liechtenstein y Estados Unidos. Además, había sospechas graves de evasión fiscal. Finalmente, Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca cuando bajaba de su jet privado.

El arresto fue un enorme golpe mediático y una afirmación del poder del presidente entrante. No fue casualidad que la Reforma Educativa de Peña Nieto, uno de los pilares esenciales de sus Reformas Estructurales, haya sido promulgada un día antes del arresto de “La Maestra”. La líder sindical se había opuesto al Pacto Por México que permitió la promulgación de dicha reforma y había expresado su desacuerdo con la reorganización de las instancias educativas en México.

La imagen de Elba Esther Gordillo, para ese momento, era la de opulencia injustificada y claros abusos de poder. Se sospechaba que la líder sindical gastaba millones de dólares en tiendas estadounidenses, en cirugías plásticas, regalos para sus asociados (que incluían camionetas Hummer) y en costosas mansiones. Con estos antecedentes, el golpe mediático de su arresto fue inmediato y aseguró la importancia de las Reformas Estructurales para los planes de gobierno del nuevo presidente.

Como un reloj bien engrasado, al final del sexenio de Peña Nieto, en agosto de este año, se desestimaron las pruebas en contra de “La Maestra”. Después de pasar el pasado mandato del PRI en la cárcel, la líder sindical salió libre y exculpada. Ahora, empieza a hacer sus primeras apariciones públicas y quedará ver cómo se cuadrará su imponente figura en los esquemas del gobierno entrante.

Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Más de cuatro años después, queda una nube de confusión y oprobio frente a los hechos que ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre 2014 en Iguala, Guerrero. Las versiones contradictorias exculpan y culpan sin que se llegue a una versión definitiva de los hechos. La “realidad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido confrontada con evidencias científicas difíciles de desmentir. Y, a pesar de todo, nadie sabe qué fue exactamente lo que sucedió esa noche.

La tarde del 26 de septiembre un contingente de normalistas de primer año se encaminó a la ciudad de Iguala para realizar boteos y conseguir camiones para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Eran llamados “pelones” por estar rapados, como rito de iniciación de primer año, y eran guiados por algunos estudiantes de segundo y tercer año. Necesitaban desesperadamente encontrar más transportes.

Finalmente, los estudiantes lograron tomar cinco camiones en la central de camiones de Iguala. Habían llegado más de 110 estudiantes a la ciudad… sólo poco más de cincuenta regresarían a casa.

La “verdad histórica” dice que los estudiantes capturados por la policía municipal fueron, presuntamente, entregados a un líder de plaza de los Guerreros Unidos, el “Cabo Gil”. Al parecer, el “Cabo Gil” sospechaba que había infiltrados del grupo rival, “Los Rojos”, entre los estudiantes. Según esta versión, los normalistas fueron amontonados en dos camionetas para ser ejecutados en el basurero de Cocula… algunos llegaron muertos por asfixia, otros recibieron un tiro de gracia. Presuntamente, sus cuerpos fueron quemados en el lugar, que las cenizas llenaron bolsas de basura que fueron aventadas al río San Juan que desemboca en el Océano Pacífico. Otras investigaciones muestran que esta versión es imposible. Mientras tanto, no han dejado de surgir fosas clandestinas en distintas zonas de Tierra Caliente.

Este hecho terrible y confuso resultó en la desaparición de 41 estudiantes, el asesinato de otros cinco y tres personas más, decenas de heridos y cientos de detenidos. Es el hecho criminal más aberrante en México desde los hechos del 2 de octubre de 1968 y la consiguiente guerra sucia. La opinión pública reaccionó violentamente y el impacto de este terrible suceso dejó una mella imborrable en la legitimidad política de Enrique Peña Nieto.

Hasta ahora, parece que las instituciones de procuración de justicia mexicanas pudieron hacer un esclarecimiento certero y rápido de un caso que, voluntariamente o no, empantanaron hasta lo imposible. Esperemos que una nueva continuidad a esta tragedia pueda esclarecer lo que sucedió esa noche y darle paz a los familiares de las víctimas. Por el momento, todo sigue igual.

Las polémicas por ejecuciones extrajudiciales

El sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo también marcado por la creciente violencia que continuó después del inicio de la llamada “Guerra contra el narco” en 2008 por el presidente Felipe Calderón. La asociación Red TDT calcula que el saldo de ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos en México durante este sexenio es de 106; sumadas a las 81 desapariciones. Otras organizaciones, por su parte, habla de 142 ejecuciones extrajudiciales.

Estas cifras escandalosas tomaron una nueva perspectiva hace dos años con los enfrentamientos entre activistas y policías en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca. El enfrentamiento entre las fuerzas del orden, activistas y padres de familia que protestaban la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, resultó en la muerte de seis personas y más de una centena de heridos. Las instituciones de seguridad oaxaqueñas negaron que los policías portaran armas, sin embargo, diferentes fotografías los desmintieron. Finalmente, tuvieron que admitir el uso de armas de fuego en contra de los manifestantes.

Otro caso que causó indignación fue el de Apatzingán, Michoacán, cuando la madrugada del 6 de enero 2015, fuerzas policiales abrieron fuego en contra de un plantón de la Fuerza Rural. Había un centenar de personas sin armas en el momento del ataque: el saldo fue de 16 muertos y decenas de heridos. Sin embargo, las partes oficiales sólo reportaron a 8 muertos, 1 atropellado y más de cuarenta detenidos. Se dijo que las personas fallecidas murieron por culpa de sus propios compañeros armados ilegalmente, en medio del fuego cruzado.

Investigaciones posteriores demostraron que los Policías Federales cometieron ejecuciones extrajudiciales a civiles desarmados además de abrir fuego con armas de alto calibre contra manifestantes armados con palos. El caso quedó como una mancha más en las tensas relaciones que se crearon cuando el gobierno negoció, a través de Alfredo Castillo, operador cercano a Enrique Peña Nieto, el desarme de las autodefensas michoacanas.

Estos escándalos indignaron a la sociedad mexicana. Pero la polémica por las ejecuciones extrajudiciales tuvo también momentos complejos en las redadas militares y policiacas en contra de miembros del crimen organizado. Uno de ellos se dio en junio de 2014 cuando unos militares intercambiaron disparos con hombres armados en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México. Las ejecuciones extrajudiciales se dieron cuando los soldados ingresaron a la bodega y ejecutaron a civiles desarmados. Según estimaciones de la CNDH, hubo al menos 15 ejecuciones extrajudiciales… incluyendo a una menor de 15 años y a dos de 17.

Sin embargo, la más grande y polémica masacre con sospechas de ejecuciones extrajudiciales en el sexenio de Peña Nieto ocurrió la mañana del viernes 22 de mayo 2015 en Tanhuato, Michoacán. Las declaraciones oficiales explicaron que un convoy de policías entró al rancho El Sol cuando, sobre la carretera Nogales-México, cuando fueron atacados por un convoy armado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Después del enfrentamiento, hubo 42 víctimas civiles por un policía muerto. Y todas las pruebas indican que fue una masacre.

En el terreno de 112 hectáreas, las pruebas forenses mostraron que los presunto miembros del crimen organizado estaban dormidos después de una fiesta. Esto se supo por pruebas toxicológicas hechas a los cadáveres y porque muchos de ellos estaban apenas vestidos. Ahí era una zona de guerra: se percudieron más de 2 mil 500 casquillos, disparos de alto calibre desde un helicóptero y lanzacohetes no detonados. Las pruebas forenses mostraron que muchos murieron huyendo de los disparos, otros más fusilados desde el helicóptero de combate.

Este hecho oscuro quedó marcado como una posible venganza frente a la muestra de fuerza del CJNG que, semanas antes, había realizado cerca de 40 narcobloqueos en la ciudad de Guadalajara y derribó un helicóptero de la SEDENA matando a ocho militares.

En cualquier caso, todas estas masacres dejan un legado oscuro de preguntas sobre los límites de la violencia del estado en el crítico estado de la complejísima guerra contra el crimen organizado.

Escándalo de “La Casa Blanca”

En una serie de spots lanzados por la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto admitió la importancia y el alcance del escándalo de “La Casa Blanca” en su administración:

“El tema de la casa blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos (…) impactó negativamente en la credibilidad del gobierno, de la institución presidencial y de mi administración”

El reportaje en cuestión fue presentado en 2014 por el equipo de la periodista Carmen Aristegui. En el reportaje se demostraban lazos sospechosos entre los dueños legales de la casa que habita la familia de Peña Nieto en las Lomas de Chapultepec, el grupo empresarial Higa y distintas licitaciones otorgadas por la gestión del entonces gobernador del Estado de México. El grupo empresarial Higa rentó también los aviones con los que Peña Nieto y su gabinete viajaron durante las elecciones y diferentes otros servicios. En total, durante el gobierno estatal de Peña Nieto, esta empresa facturó licitaciones por más de 8 mil millones de pesos.

Las licitaciones otorgadas a Grupo Higa siguieron durante los primeros años del mandato del ahora presidente Peña Nieto. Y la casa en la que Angélica Rivera, esposa del mandatario, dio una entrevista con todo lujo a la revista ¡Hola! se tiñó de pronto con sospechas: ¿Por qué la familia del presidente habitaba una casa que no aparecía en sus declaraciones patrimoniales? ¿Cómo pagaron una construcción que superó los 86 millones de pesos? ¿Por qué es propiedad legal de Grupo Higa, uno de los mayores beneficiados por las licitaciones otorgadas en los gobiernos de Peña Nieto?

Después de develar esta información, la periodista Carmen Aristegui fue despedida del grupo MVS y la primera dama de México realizó polémicos videos justificando la suntuosa propiedad de las Lomas. Ninguna de estas dos acciones sirvió para mitigar el escándalo público y las sospechas que todavía penden sobre el saliente presidente.

Las capturas, la fuga y la extradición de “El Chapo” Guzmán

Los episodios más vergonzosos y más exitosos del gobierno de Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico involucran a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. El líder del poderoso Cártel de Sinaloa fue uno de los éxitos más certeros de Peña Nieto cuando, en un año en el que disminuyó la violencia (2014), capturó al narcotraficante más buscado del planeta. La captura se realizó en Mazatlán por elementos de la Marina Armada de México y ponía fin a 13 años de fuga por parte del criminal mexicano.

Sin embargo, poco más de un año después de su captura, “El Chapo” logró fugarse nuevamente de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Esta vez, la fuga fue una verdadera humillación para las autoridades. Como si se tratara de una caricatura predecible, Joaquín Guzmán Loera se fugó con un túnel cavado bajo su regadera.

El gobierno no estaba dispuesto a permitir que esta burla a los sistemas de seguridad penitenciarios continuara por mucho tiempo y se hizo un esfuerzo considerable de inteligencia para localizar rápidamente al capo prófugo. Finalmente, el 8 de enero de 2016, 181 días después de su fuga, el Chapo Guzmán fue recapturado. Esta vez, se tramitó rápidamente una extradición a Estados Unidos que se realizó bajo un impresionante operativo de seguridad.

Ahora, el Chapo Guzmán se enfrenta a una corte internacional en Estados Unidos y los detalles de su juicio prometen remover la arena pantanosa del panorama político mexicano. Parece que, al menos en Estados Unidos, la justicia puede funcionar.

Juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán en Nueva York. (AP, archivo)

La invitación a Donald Trump

Hoy resulta un consenso entre los principales líderes opinión que uno de los mayores errores del mandato de Enrique Peña Nieto fue la invitación que extendió, en agosto de 2016, al entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. En realidad, Peña Nieto invitó a los dos candidatos a la presidencia pero sólo Donald Trump saltó sobre una oportunidad tendida como alfombra roja.

El candidato republicano hizo una visita relámpago a México en la que se reunió con el presidente y dio un breve comunicado a los medios. En este intercambio nunca se disculpó por los insultos a México, se negó a hablar del muro y convenció a los ciudadanos estadounidenses de que podía dar una cara “presidencial” en asuntos internacionales. El mismo día que regresó a Estados Unidos, en un rally en California, volvió a insultar a México expresando: “Ellos van a pagar por el muro, aunque aún no lo saben”.

El resultado de toda esta visita desastrosa fue una avalancha de críticas hacia el presidente por parte de toda la clase política e intelectual y una caída drástica de su aprobación. También, pudo ser uno de los momentos clave que llevaron a la presidencia a uno de los más acérrimos rivales de México.

Detención de gobernadores

Un hito del gobierno de Enrique Peña Nieto fue, sin duda, el proceso establecido en contra de gobernadores que, presuntamente, cayeron en actos de corrupción. Hubo juicios y capturas más mediáticas que otras, pero en total ocho gobernadores fueron arrestados en el pasado sexenio.

Por supuesto, los arrestos más mediáticos sucedieron en 2017 cuando cayeron los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, capturado en Panamá cuando se aprestaba a fugarse a París; de Veracruz, Javier Duarte, que se refugiaba en un departamento de lujo en Guatemala; y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, un político buscado por la interpol en relación con el Cártel del Golfo y los Zetas. Todos estos gobernadores tuvieron procesos más o menos expeditos de extradición y tendrán condenas considerables.

Sin embargo, más allá de estos casos mediáticos, desde 2013 hubo arrestos a exgobernadores relacionados con actos de corrupción. Primero fue Andrés Granier Melo de Tabasco que fue sentenciado a 11 años de prisión más una multa de más de 196 millones de pesos. También cayó el exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García por su relación con el cártel de Los Caballeros Templarios.

Otro caso importante fue la detención del exgobernador de Aguascalientes Armando Reynoso Femat que ya había librado una sentencia, años antes de ser aprehendido en 2015, con una multa discreta de 30 millones de pesos; y del gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, por encubrimiento a Javier Duarte, tráfico de influencias y abuso de poder.

Todas estas detenciones pudieron ser un gran logro de la presidencia de la república. Sin embargo, por los enormes casos mediáticos que se armaron en contra de exgobernadores priístas acusados de corrupción, en particular Javier Duarte y Roberto Borge, el Partido Revolucionario Institucional, terminó muy mal parado en la opinión pública del final de sexenio. Y esta imagen alimentó el discurso de sus contrincantes y contribuyó a una estrepitosa derrota del partido hegemónico en las urnas.

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Reformas estructurales

Las Reformas Estructurales de Enrique Peña Nieto tuvieron tres metas principales, según los mismos estatutos del gobierno saliente:

  • Elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico.
  • Fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos.
  • Afianzar nuestro régimen democrático y de libertades.

Durante los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto, se implementaron 11 reformas que repercutieron en la creación de tres nuevas instituciones gubernamentales, 58 modificaciones a la Constitución y 81 modificaciones a leyes secundarias. Por supuesto, las Reformas Estructurales sólo fueron posibles después de que Peña Nieto lograra, justo después de asumir el cargo de mandatario, que los tres poderes políticos principales en México firmaran el famoso Pacto por México.

Las reformas que se aprobaron, durante este sexenio fueron:

  • la Reforma Laboral que buscó nivelar los niveles de informalidad en México y atacar el desempleo en jóvenes;
  • la Reforma en materia de Competencia Económica que buscaba acotar los monopolios y los abusos hacia consumidores;
  • la Reforma en Materia Energética que, principalmente, liberalizaría los precios de la gasolina;
  • la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión que tiene como objetivo cerrar la brecha digital y mejorar el acceso a tecnologías de la información;
  • la Reforma Hacendaria para ajustar la recaudación de impuestos;
  • la Reforma Educativa que busca acabar con las herencias de puesto y los abusos sindicales mientras impulsa un programa educativo particular;
  • la Reforma Financiera para mejorar el acceso de la población a facilidades bancarias y de crédito;
  • la Nueva Ley de Amparo que busca fortalecer este mecanismo jurídico único de México;
  • la Reforma Política-Electoral que busca sustraer la independencia de las instituciones electorales locales para promover una mayor legalidad en materia electoral;
  • la Reforma al Sistema Penal (o el nuevo sistema penal-acusatorio) que busca implementar los juicios orales en México;
  • y la Reforma en Materia de Transparencia que busca mejorar la rendición de cuentas de funcionarios públicos.

De cualquier forma, las modificaciones constitucionales de Peña Nieto no pasaron sin considerables polémicas. En particular, la reforma educativa que generó numerosas protestas durante el sexenio y la reforma energética que ha sido vivamente criticada por la oposición y que causó un enorme descontento popular por el aumento del precio de las gasolinas cuando se liberaron los precios de los combustibles a principios de 2017.

La liberalización del precio de las gasolinas

El 2017 inició con una ola de protestas violentas que escalaron hasta confrontaciones con la policía, tomas de gasolineras y días enteros de saqueos a establecimientos comerciales. Todo esto sucedió por el impacto de la liberalización del precio de las gasolinas que se tradujo, en la comprensión general, como un “gasolinazo”.

Así, pese a que no fue un aumento gestado desde el gobierno, el llamado “gasolinazo” causó un enorme descontento popular. José Antonio Meade (que era entonces secretario de Hacienda) trató de explicar lo mejor posible las razones por las que fluctuaron a la alza los precios de los combustibles en México:

“En este incremento en el precio de las gasolinas no mediaba decisión del gobierno; el gobierno no fija el tipo de cambio, el gobierno no fija el precio de las gasolinas y la única decisión que se tomó en diciembre fue bajar el impuesto, que es lo que el gobierno sí controla, el impuesto legislado, el impuesto que está en ley es de 4.28 pesos por litro de gasolina, se bajó a 3.16, esto es, se bajó más de un peso, eso es lo que podíamos bajar el impuesto sin poner en riesgo finanzas públicas, sin meternos en un proceso de recortes que hubiese generado mucho más daño a la ciudadanía”.

A pesar de esto, la ciudadanía recordó al gabinete en turno las promesas que sostuvieron en 2017 sobre no subir el precio de las gasolinas. Así lo dijo el director de PEMEX, en su momento:

El aumento en los precios de los combustibles fue algo muy real a principios de 2017. Entre 2013 y 2016, el precio de la gasolina ya había aumentado considerablemente al pasar de 10.92 para la gasolina Magna y 11.48 para la Premium a 13.98 y 14.81 respectivamente. Y, a principios del año pasado, el aumento -que varió según las zonas geográficas- significó un precio máximo de 16.9 para la gasolina Magna, 18.20 para la Premium y 17.40 para el diésel.

Las reacciones fueron, consecuentemente, muy violentas. Hubo manifestaciones ciudadanas en Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Michoacán; además de, al menos, 16 bloqueos en distintas vías de comunicación.

En la Ciudad de México, manifestantes tomaron una gasolinera en la esquina de Avenida Reforma con Insurgentes y bloquearon Paseo de la Reforma. También hubo protestas en el Hemiciclo a Juárez y en la Secretaría de Energía que fue clausurada, simbólicamente, por un grupo de legisladores del PRD.

El efecto político del llamado “Gasolinazo” es difícil de interpretar. Ciertamente, las figuras que después se enfrentarían en la contienda electoral estaban en los polos opuestos de esta controversia: por una parte, el entonces candidato López Obrador criticó duramente al gabinete de Peña Nieto y Meade, el entonces secretario de Hacienda, tuvo que defender las razones detrás de este aumento abrupto. El resultado de esta confrontación ya es historia.