Quizá habrá quienes, al escuchar la palabra guardabosques, imaginen a un uniformado a cargo de proteger una extensa cantidad de terreno natural a cambio de un salario. No estarían en un error, esa es una de las definiciones para el término, sin embargo, existe otro tipo de guardabosques, que si bien no goza de un sueldo, si obtiene una recompensa por su labor al momento que protege la tierra donde vive, su bosque. El bosque de su gente.
Imaginen todo un pueblo constituido por guardabosques, todos unidos por la misma causa, asegurar un futuro para su familia, su comunidad entera y la de muchos pueblos vecinos. Si logran concebir una comunidad así puede que, por casualidad, estén pensando en un pueblo como Cherán en México.
El 15 de abril de 2011, la comunidad indígena purépecha de Cherán, en la meseta Michoacán, se levantó con palos, piedras y polvorines contra lo que se podría describir como un frente combinado de la industria maderera del crimen organizado y distintos actores políticos locales (entre partidos y autoridades).
Esta amalgama corrupta buscaba, mediante la fuerza de las armas, saquear las maderas preciosas del bosque vecino al pueblo. Sin embargo, la población consiguió organizarse y, poco a poco, consolidar una fuerza popular, lo suficientemente poderosa como para tomar el control de las oficinas de las autoridades, sus armas y sus camionetas para después echar a todos los partidos políticos de su pueblo.
No hubo necesidad de correr a los policías porque solitos se corrieron”
Para impedir que sicarios llegaran de nueva cuenta a invadir, los pobladores crearon grandes fogatas en cada una de las entradas a Cherán, cada una custodiada por un grupo de vecinos que aprovechaban el fuego para realizar las votaciones de los temas primordiales del pueblo. Ninguna de las 189 fogatas que se encendieron ese día se ha apagado desde el momento en que fueron creadas.
El papel de las mujeres fue predominante en este levantamiento. Todo el poblado sabe que las primeras en hacerle frente a los sicarios y representantes de ley fueron siete mujeres vecinas de la iglesia de “La Cofradía”, que no llevaban para defenderse más que pocas varas o lo que tuvieran a la mano.
Los habitante establecieron un gobierno comunal, que incluye un consejo mayor de representativos de los cuatro barrios de Cherán; su “policía” comunitaria, conocida como “La Ronda,” conformada por voluntarios armados con lo decomisado a las autoridades gubernamentales; así como también su propio equipo de Guardabosques.
Los habitantes presumen además que desde los días en que se hicieron con el control de su poblado, cesaron los secuestros, las extorsiones y los robos.
Su decisión parece beneficiosa tanto para su tierra como para los habitantes de la región de kilómetros a la redonda pues, además de mantener una explotación controlada de la madera, consiguieron proteger el ojo de agua local que se encuentra río arriba del cauce que nutre a muchas otras aldeas y pueblos a la redonda.
Las 27,000 hectáreas devastadas por la tala desmedida se encuentran ahora recuperadas y han sido respetadas gracias a un vivero de pino que ayuda a los habitantes a satisfacer sus necesidades de consumo de madera. Acorde a ellos, solo tienen en funcionamiento un aserradero que utiliza únicamente árboles caídos de su territorio.
Cherán es solo un ejemplo entre muchas comunidades que han creado un vínculo indivisible con el bosque y el monte. Se estima que hay 12 millones de campesinos y comunidades indígenas y es en 2 mil 400 ejidos y localidades en las que se ha conseguido demostrar que es posible realizar una explotación racional del ecosistema y conservar la riqueza biológica.
Alrededor de 600 núcleos agrarios, distribuidos entre los estados de Durango, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guerrero y Quintana Roo, tienen empresas forestales comunitarias que generan capacitaciones, empleos, ingresos suficientes y servicios eficientes para una parte importante de sus respectivas comunidades.
Un ejemplo totalmente opuesto es el relatado por Jaime Ramírez Rodríguez, director de Logística y operativos de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa). Jaime estuvo a cargo del operativo “Cero Tolerancia“, un conjunto de esfuerzos en donde inspectores bajo su cargo revisaron las condiciones de tala ilegal en diversas zonas protegidas del país.
Los siete inspectores enviados al Parque Nacional Pico de Orizaba, Veracruz (dos de ellos mujeres) fueron emboscados y retenidos por comuneros que protegían a los taladores ilegales. Aunque posteriormente fueron liberados, los inspectores vieron su libertad privada por más de 10 horas, tuvieron que negociar con los comuneros y los traficantes madereros que les usaban, devolvieron la madera y maquinaria decomisados además de que tuvieron que prometer que la Profepa no volvería a hacer ningún tipo de operativo en esa zona.
Los “talamontes” han deforestado gran parte de la foresta del Pico de Orizaba
Las razones por las que la gente ayuda a negocios como estos distan mucho de poder ser calificadas como totalmente “buenas” o totalmente “malas”:
A veces las personas protegen este tipo de actividades y a quienes las llevan a cabo por que les dan alguna ayuda económica, o por miedo”
A final de cuentas, la procuraduría no cumplió con las “promesas” hechas a los comuneros, en cambio sí hicieron sus propias promesas de estrategias para legalizar la tala y capacitar a aquellos que desearan aprender a hacerlo de forma sustentable.
Por desgracia, la imagen del inspector no es benéfica a los ojos de aquellos que se han acostumbrado a que el estado y los cobradores de piso son lo mismo.
Quizá habrá quienes, al escuchar la palabra guardabosques, imaginen ahora al poblador de Cherán, defendiendo el bosque como si fuera parte de su cuerpo, al inspector que debe adentrarse en la maleza para buscar a los talamontes sin más arma que un GPS o al comunero que protege a la tala ilegal porque tiene miedo de lo que pasará si no lo hace.
Autor: Pablo Carrillo
Ilustrador: José Aguilar @esepe1
