El 28 de junio de 1995 en México hubo un crimen de Estado
México tiene más de una historia dolorosa que contar. En nuestro calendario de efemérides funestas casi todos los meses tienen un día marcado en recuerdo de crímenes de Estado. Es decir, de eventos en los que miembros de algún cuerpo armado de seguridad del Estado han atacado a la población civil, tomando ventaja de sus privilegios para ejercer poder. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre este tipo de ilícitos se encuentran los siguientes:
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, denuncias de tortura perpetradas por funcionarios federales, estatales y fuerzas armadas, violencia y hacinamiento de las prisiones, el uso abusivo de la prisión preventiva, la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión, la intervención de las comunicaciones, entre otras.
Los dos primeros elementos de la lista, que la encabezan para mostrar su mayor importancia, son crímenes que han cometido más de una vez en nuestro país. El mes de junio es especialmente doloroso desde esta perspectiva, pues en la memoria colectiva pesa la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de este mes en 1995. Hace más de veinte años murieron 17 campesinos y muchos más fueron heridos por fuerzas de seguridad del Estado y aún no se ha terminado de señalar a todos los culpables.
Una historia que se repite: el eterno retorno de la injusticia y la violación de derechos humanos
Si la marca que Aguas Blancas dejó en la historia reciente del país es profunda, eso se debe a que hechos similares han vuelto a pasar en más de una ocasión: la brutal represión de pobladores de Atenco en 2006; la masacre de 72 migrantes en San Fernando en 2010; la matanza de Tlatlaya en 2014 y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa ese mismo año, por mencionar algunos casos.
(AP Photo/Alejandrino Gonzalez)
Aunque cada uno de estos eventos tuvo características únicas y específicas, lo que tienen en común es la participación de agentes del Estado durante las agresiones y la ausencia de un proceso de justicia conforme a los acuerdos en materia de derechos humanos, ratificados por nuestro país. Quizás haga falta recordar que, a la fecha, México se ha comprometido a cumplir al menos un centenar de pactos, convenios y tratados internacionales. Por ese motivo, cuando ocurren violaciones a derechos humanos de gran magnitud, la defensoría de las víctimas recurre a la participación de un organismo internacional, como la CIDH, para satisfacer sus demandas de justicia.
La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo: el Sistema de Petición Individual; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias.
Estas tres tareas de la Comisión son fundamentales, debido a que si el Estado estuvo involucrado en un crimen, no puede juzgarse a sí mismo por el obvio conflicto de intereses que eso implica. De manera que, aunque la CIDH respeta la autonomía de los países, otorga informes de la situación y recomendaciones clave para reparar los daños y evitar que se repitan.
Breve historia de un crimen de Estado paradigmático: Aguas Blancas
El 28 de junio de 1995, más de sesenta campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) viajaban en dos autobuses hacia la ciudad de Atoyac de Álvarez, para investigar sobre Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes antes. Poco antes de llegar al vado de Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande de Guerrero, un comando de la Policía Judicial del Estado de Guerrero los detuvo violentamente.
Primero, obligaron a los campesinos del primer camión a tirarse de cara al suelo. Unos diez minutos después, cuando los pasajeros del segundo autobús descendieron, la policía comenzó a disparar a diestra y siniestra. Diecisiete campesinos murieron y 21 fueron heridos gravemente. Finalmente, los sobrevivientes fueron obligados a regresar a sus hogares; a los muertos, se les colocaron armas encima para fingir que se había tratado de un enfrentamiento y no de una masacre.
Los miembros de esa organización campesina afirmaron que los policías que cometieron ese genocidio (como lo llamó la Comisión Nacional de Derechos Humanos) iban al mando del mayor Manuel Moreno González, quien pretendía evitar su llegada al palacio municipal en Atoyac, municipio de la región de la Costa Grande. (CNN Expansión)
(AP Photo/Dario Lopez-Mills)
Pocos días más tarde, el 17 de julio, el Partido de la Revolución Democrática presentó una demanda ante la CIDH para que se investigara el caso. Tanto este organismo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se abocaron a investigar el caso y registraron diversas violaciones graves de derechos humanos ocurridas en el suceso.
Con el paso de los años, la CIDH ha señalado, además, irregularidades en los procesos de investigación penal y jurídica relacionados con la masacre de Aguas Blancas. Recientemente, en el año 2015, la Comisión lanzó una medida cautelar sobre el estado de la situación en Guerrero. En ese documento queda asentado que la masacre de Aguas Blancas es parte de una serie de ataques sistemáticos contra la comunidad campesina, representada por la OCSS. Entre 1995 y 1998 fueron asesinados 33 miembros de la Organización y otros más detenidos arbitrariamente. Todos estos crímenes permanecen impunes.
Aunado a esto, la familia dirigente de la OCSS ha sufrido la muerte de varios de sus integrantes y varios miembros viven bajo amenaza. De acuerdo con el periódico La Jornada:
Dos décadas después de la masacre, Norma Mesino Acosta expresó: No ha cambiado nada, siguen los asesinatos, la represión; no ha cambiado nada, el campo está olvidado, quieren ayudar con algunas migajitas, como los programas del Procampo, lo de la Cruzada contra el Hambre, pero con eso no se va terminar el problema de los campesinos.
Los derechos humanos hoy: un problema sin resolver
No es breve el camino que ha recorrido la lucha por los derechos humanos en México de Aguas Blancas para acá. Numerosas agrupaciones de defensoría han fortalecido su apoyo integral para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. De ese modo, a partir de casos paradigmáticos se han creado nuevos protocolos de atención para los sobrevivientes y se ha visibilizado el estado de la cuestión en México. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (fundado en 1988) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (fundado en 1984) son dos buenos ejemplos del trabajo realizado en este sentido. Sin embargo, hace falta más gente dedicada a resolver el problema de los derechos humanos en México para tratar con justicia los casos y evitar la repetición de este tipo de crímenes. Aún más: sin la disposición de las autoridades locales, estatales y federales para responder con ética y apego a la ley, no hay denuncia de la CIDH que valga.
