¿En qué se parecen México y Guatemala?
Después de que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la lucha por los derechos humanos en México se volvió visible para muchos. El 18 de noviembre de 2014 el gobierno mexicano firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que un grupo de profesionales ayudara en las investigaciones pertinentes. Así fue como se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El equipo, formado por apenas una decena de personas, trabajó durante más de un año a cargo del doctor Carlos Beristáin, reconocido abogado defensor de derechos humanos. Este psicólogo de origen español es un especialista en brindar atención integral a víctimas de violencias sistemáticas. Una de sus experiencias más relevantes en este campo fue su participación en la escritura del informe Guatemala nunca más, que sistematizó miles de testimonios de sobrevivientes de un conflicto armado y genocida que duró más de 36 años en Guatemala.
El Informe REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica) permitió analizar de forma profunda algunos mecanismos de la violencia sistemática. También dio lugar a una escritura de la historia desde el punto de vista de los sobrevivientes. Pero sobretodo, mostró que las violaciones graves de derechos humanos ocurrieron dentro de un sistema estatal de organización y, en gran medida, lograron articularse sólo gracias a eso. Instancias como el Ejército y las Fuerzas Armadas participaron activamente en la creación de mecanismos de terror contra poblaciones vulnerables. Asimismo, la corrupción y la impunidad de las instituciones administrativas cobijaron un ejercicio rampante de violencia.
Algo muy similar ocurrió en Ayotzinapa el 2014: no fue casual que las agresiones (me refiero a las desapariciones forzadas y a las ejecuciones extrajudiciales) ocurrieran contra estudiantes normalistas de una escuela rural. Tampoco que estos hechos tuvieran lugar en uno de los municipios más desfavorecidos del estado, donde 70% de la población vive en situación de pobreza. La marginación social y económica tuvieron algo que ver no sólo con la posibilidad de las agresiones, sino también con la respuesta insuficiente que recibieron los sobrevivientes al exigir justicia.
El 8 de marzo de 2017, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraba el Día Internacional de la Mujer, decenas de niñas murieron calcinadas en un albergue llamado “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” en San José Pinula, Guatemala.
(AP Photo/Moises Castillo)
Desde finales del año pasado, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala le solicitó a la CIDH proponer algunas medidas cautelares para obligar al estado de Guatemala a proteger la vida y la integridad de los menores de edad (hombres y mujeres) que habitaban el albergue. Para el momento de esta denuncia, ya era visible que este tipo de refugios carecen de una regulación estatal adecuada y no cumplen con parámetros básicos de seguridad y protección para sus habitantes.
Los “hogares seguros” son lugares a los que se envían niños y adolescentes que viven situaciones extremas de riesgo, por ejemplo, hogares con violencia familiar o padres con problemas severos de adicciones. Es decir, se trata de sitios, administrados por el gobierno, que buscan brindar protección y ayuda para la rehabilitación de menores de edad en peligro constante de ser lastimados, ya sea por abandono, maltrato o algún tipo de explotación o trata.
Sin embargo, lejos de este lograr este objetivo, los albergues permiten y esconden otros tipos de violencia. En abril de 2013, por ejemplo, una adolescente refugiada en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción “fue agredida sexualmente por otras cinco jóvenes y no obstante la denuncia realizada, fue reingresada al mismo centro”, según registró la CIDH.
Un día antes del incendio, hubo un amotinamiento en el Hogar Seguro, que permitió la huida de aproximadamente sesenta personas. Este hecho, así como las denuncias hecha ante la CIDH, da cuenta de que el incendio provocado no fue un hecho aislado ni puede interpretarse como un accidente. Ante la ausencia de acciones concretas para aliviar la situación de las personas refugiadas en los albergues, un grupo de mujeres decidió protestar.
La versión más extendida de los hechos apunta que, tras la revuelta del 7 de marzo, las autoridades del lugar encerraron a algunas de las internas en un pequeño dormitorio. Se dice que fueron ellas mismas quienes prendieron fuego a varios de los colchones para expresar su desacuerdo con el trato recibido y conseguir su libertad. Debido a las deficiencias de la atención y del lugar, el incendio se propagó de forma incontrolable y las labores de rescate tardaron más de lo debido. Hasta ahora, cuarenta personas han muerto por esta causa: la mayoría eran mujeres de entre 14 y 17 años. En respuesta a los hechos, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decretó tres días de duelo nacional y ordenó la destitución del director del albergue y del encargado de la Secretaría de Bienestar Social.
(AP Photo/Luis Soto, File)
Lo que sucedió el 8 de marzo de 2016 es una de las peores crisis humanitaria de Guatemala en tiempos recientes. La historia no ha terminado: es necesario que la CIDH, como organismo internacional, tome cartas en el asunto y señale a los responsables directos e indirectos de la tragedia. No basta con destituir de sus cargos a los encargados del plantel, hace falta encontrar a los responsables dentro de una cadena de mando que permitió las condiciones para que sucediera algo así.
Los lazos que hermanaron a México y Guatemala con el caso de Ayotzinapa se reforzaron con las muertas del Hogar Seguro. El 5 de junio de 2009 se incendió una estancia infantil ubicada en Hermosillo, Sonora. Debido a la negligencia de las autoridades y de las condiciones precarias del lugar, murieron 49 niños y 106 tuvieron quemaduras graves. El caso de la Guardería ABC destapó un problema de corrupción e ineptitud dentro de las instituciones encargadas de supervisar y regular las estancias infantiles en México.
La historia reciente de nuestros países centroamericanos se parecen más de lo que hemos querido ver. La violencia que se generó durante tres décadas en Guatemala y el estado actual de terror que vive México están relacionadas con un sistema estatal ineficiente. No se trata sólo de guerras civiles entre las fuerzas de seguridad estatal y grupos de crimen organizado: hay una crisis grave de derechos humanos generada por una estructura política desinteresada en el bienestar de los ciudadanos.
Quizá lo más doloroso de la tragedia sea la conciencia de que no se trató de un accidente. Las niñas no llegaron allí por su mala suerte, no sufrieron vejaciones porque el destino así lo decidió ni hubo un mal abstracto que provocó sus muertes. La escritora salvadoreña Elena Salamanca expresó el sentimiento generalizado de indignación en un dolido texto:
Lloramos por las niñas porque conocemos la niñez y la ternura. Ellas no, ni el Estado ni la sociedad ni la familia se lo permitió. Lloramos porque tenemos rabia, dolor y seguramente culpa. Pero no podemos sublimar una condición de niña como víctima sin aceptar el aparato cultural que la construyó y las destruyó y, aún más, nuestra posición dentro de ese aparataje.
Las familias de las víctimas merecen una explicación de lo que sucedía en el Hogar Seguro antes del incendio. Acceder a una versión detallada de los hechos es parte de su derecho a la verdad. En el mejor de los casos, después de eso vendrá la reparación de los daños y el compromiso de que algo así no volverá a suceder jamás.
