La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) — en coordinación el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) — presentó, en el mes de junio en 2016, los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) que se realizó en los meses de julio y agosto del año 2015 y en la que se levantó información sobre el uso y acceso de productos y servicios financieros en México.
La encuesta fue hecha a la población adulta de entre 18 y 70 años y la representatividad de los resultados son a nivel nacional, por género (hombre/mujer) y por localidad (urbano/rural). Los resultados son alarmantes, — aunque no hayan sido anunciados así por las instituciones — pues al menos el 55% de los mexicanos pide créditos para cubrir sus necesidades económicas básicas.
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Las preguntas que componen el cuestionario son referentes al perfil socioeconómico, la administración de gastos, el tipo de ahorro (formal/informal), créditos, seguros, ingresos por remesas internacionales, canales financieros y propiedades.
Estos resultados funcionan como guía para diseñar políticas públicas que ayuden a cruzar las barreras que impiden a algunos sectores de la población el uso y el acceso a los servicios financieros, además de brindar información para diagnosticar cambios en las regulaciones de los prestadores de esos servicios.
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Endeudarse para comida, educación y salud
Los números que arroja la ENIF son muy reveladores de la situación económica, financiera y de desigualdad que sufre nuestro país. Los problemas que derivan de dichas situaciones son una especie de círculo vicioso pues para muchos mexicanos es imposible ahorrar cuando el salario mínimo era 73.04 MXN en 2016 y 80.04 MXN en 2017. Estas y otras limitaciones financieras orillan a muchos a solicitar créditos. En este sentido la inclusión financiera — finalidad del proyecto de inclusión — se cumple pero a un precio caro.
El círculo se comporta del siguiente modo: según los resultados de la encuesta, 30 millones de mexicanos pidieron un préstamo formal o informal, y al menos 5,993,830 de esos préstamos fueron destinados a comprar comida, a cubrir gastos médicos y a pagar servicios domésticos (luz, agua, gas, teléfono…).
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El primero de los problemas a los que lleva el círculo es cuando hay que pagar el crédito que se solicitó para poder vivir día a día. En muchas ocasiones (seis millones 999,650) los deudores piden otro crédito para solventar los pagos del anterior y en otras, en donde las instituciones financieras vetan a los usuarios por incumplimiento de pago, pagar la deuda es mucho más difícil y una de las soluciones inmediatas son los préstamos ilegales.
Otro de los problemas a los que se enfrentan las personas que no ganan lo suficiente para comprar la canasta básica (que según la Revista del Consumidor en mayo de 2016, tenía un costo total 2,881.89 pesos) lo ponen las propias instituciones financieras al pedir como requisito para ser acreedor de un préstamo que el ingreso del usuario sea de más de los 2,191 pesos que gana al mes. De acuerdo con estas restricciones bancarias al menos 3 millones de mexicanos que viven con un salario mínimo al día no podrían solicitar ningún servicio financiero. La falta de acceso a los servicios bancarios está íntimamente ligado al nivel de ingresos de la población.
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En los resultados de la encuesta también podemos leer el comportamiento de género sobre estos problemas financieros. A nivel nacional, 337, 139 (10.5%) de las mujeres encuestadas que solicitan un crédito, asumen la responsabilidad de proveer a su familia de servicios de salud mientras que 275, 302 (9.9%) y 837, 374 (30%) de los hombres buscan cubrir los gastos derivados del hogar y de la educación.
En el entorno rural el comportamiento financiero es una clara muestra de la desigualdad en la que viven millones de mexicanos. La gente que vive en el campo destina la mayor parte del crédito que piden a las instituciones a comprar comida por lo que sectores como la educación pasan a segundo plano. Del segmento objetivo rural (1, 638, 396) el 24.3% invierte el dinero prestado en alimentos y sólo el 9.9% en educación.
La ENIF no sólo ofrece datos sobre créditos sino también sobre cuentas de ahorro y seguros y en estos rubros el panorama no es tan distinto pues más de la mitad de un total de 76 millones 157, 088 de mexicanos no tienen una cuenta de ahorros formales. En Las tandas, cajas de ahorro y dinámicas piramidales son las formas más recurrentes entre las personas que buscan guardar sus ahorros sin tener que recurrir a una institución financiera, sin embargo este tipo de ahorro informal presenta, según estudios de protección del ahorro, un elevado índice de pérdidas de dinero pues ninguna autoridad puede castigar el incumplimiento informal.
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Las cuentas de ahorro ofrecen la seguridad económica que se necesita para cuando la vida laboral productiva termine, sin embargo, hoy la ENIF dice que al menos 40 millones de mexicanos no tienen posibilidad de pensionarse.
Las cuentas de ahorro no están pensadas exclusivamente para las personas de la tercera edad pero en ellas el problema de solvencia es elevado y las formas de actuar ante una emergencia médica son limitadas por carecer de productos financieros. El panorama no parece que mejore en el futuro, según el INEGI, para el 2050 el mayor sector de la población en México serán personas de 60 años y muchas de ellas, hoy, no tienen ahorros para su retiro lo que los obliga desde ahora a seguir trabajando para vivir al día.
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Exclusión financiera
Los problemas que busca resolver la inclusión financiera son en gran medida consecuencia de la desigualdad social del país y la exclusión financiera sólo alimenta a la pobreza, según podemos ver en los resultados de la ENIF.
Al menos 42.6 millones de adultos no usa los servicios financieros, las principales razones de acción son la falta de conocimiento sobre los servicios, la falta de sucursales, cajeros automáticos y, en algunos casos las distancias que hay que recorrer para llegar a ellos, también los altos niveles de interés y las malas experiencias con instituciones financieras en el pasado.
La discriminación bancaria, no sólo en el medio rural sino también en el urbano, permite percibir a los préstamos inmediatos (legales o ilegales) como la solución al problema de solvencia en el que se encuentra, sin embargo, muchos de eso préstamos tienen altísimos niveles de interés lo que hace que las deudas –en lugar de ser cubiertas– crezcan.
(AP Photo/Rebecca Blackwell)
El 60% de los mexicanos encuestados (24.1 millones) recurre a formas ilegales para adquirir préstamos después de ser rechazados por alguna institución financiera formal, y esta dinámica frecuentemente acarrea más problemas.
Balance final
Aunque la inclusión financiera en el país haya aumentado en un 12% respecto a los datos recopilados en la ENIF 2012 esto no quiere decir que los márgenes de desigualdad se hayan ajustado. En un escenario ideal los 12.7 millones de mexicanos que entraron al sistema financiero lo hicieron para asegurar los ahorros de su vida pero en el escenario real muchos de ellos entraron a ese sistema para poder tener una vida en la que no haga falta alimento para su familia.
La inclusión financiera es una realidad a nivel nacional pero los motivos por los que una buena parte de la población ingresa al sistema no responden a una situación financiera deseable. Con una buena educación financiera quien solicitara un crédito lo haría para ampliar o establecer un negocio, o para adquirir un patrimonio duradero, sin embargo, la ENIF revela que, sólo el 6.4% de los encuestados destina el dinero de un crédito a este propósito.
(AP Photo/Eduardo Verdugo)
El punto de vista del economista Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financieros (Funde) va en esa dirección cuando dice que la inclusión financiera no se da por decreto pues para que sea efectiva debe haber crecimiento económico a nivel nacional. Aunque el crecimiento en la inclusión, es según las autoridades, evidente también hay que considerar que aproximadamente unos 11 millones de mexicanos salieron del sistema y un 50% de ellos señalan que lo que los llevó a abandonar su producto financiero fue el desempleo.
Hasta ahora, el balance de la reforma financiera, aprobada en 2014 (y de la que la ENIF es resultado) no es tan positivo pues a pesar de que la inclusión financiera ha aumentado, México está por debajo de los niveles de inclusión de otros países en la misma condición de desarrollo económico.
(AP Photo/Rebecca Blackwell)
Los resultados de la ENIF 2015 sirvieron para diseñar un plan que ponga en marcha la recién aprobada Política de Inclusión Financiera. El pasado mes de junio el presidente Enrique Peña Nieto anunció los seis ejes que regirán dicha política:
- Educación financiera
- Interconectividad
- Infraestructura financiera
- Mayor acceso a los servicios formales
- Confianza en el servicio financiero
- Generación de sistemas de medición de datos
Sin duda, la educación financiera es uno de los puntos a los que debería darse prioridad en esta nueva política pero si el país tuviera un desarrollo económico en crecimiento la población sabría usar sus productos bancarios para el bien de su economía. Por las palabras del sub secretario de Hacienda, Fernando Aportela, sabemos que las autoridades están conscientes de que “hablar de inclusión financiera es hablar de inclusión social”.
Algunos expertos señalan que la brecha en educación financiera en México es alta pero rescatable, y aunque lo ideal es aprender a cuidar el dinero desde pequeños, se están pensando estrategias que les permitan a los adultos ser conscientes de su patrimonio económico.
