A todas las personas nacidas durante la década de los 80 no les será difícil recordar que cada seis años la palabra fraude comienza a rondar por los periódicos y los programas de opinión. Se trata de un fantasma que amenaza al ejercicio pleno de la democracia. Ahora que ya empezaron los debates presidenciales y el 1 de julio está a la vuelta de la esquina, es pertinente preguntarse ¿qué podemos hacer para prevenir y erradicar el fraude electoral?

La ¿caída? de un sistema con historia

La historia de los fraudes electorales (o, al menos, de sus denuncias) tiene una larga trayectoria en México. El movimiento armado más importante que ha vivido el país estalló tras las denuncias de Francisco I. Madero a la re-elección ilegítima de Porfirio Díaz. Tras recibir una negativa para revisar las boletas electorales y verificar el proceso, diversos grupos se levantaron en armas y convocaron a unas elecciones extraordinarias en 1911. Madero fue el elegido.

Fotografía de Porfirio Díaz (Wikimedia Commons)

En 1929, la historia se repitió con algunos asegunes. José Vasconcelos, que había sido Secretario de Educación Pública, denunció un fraude en su contra que favoreció a Pascual Ortiz Rubio, mano ejecutiva del ex-presidente Plutarco Elías Calles. Vasconcelos intentó iniciar una revuelta con el Plan Guaymas. La sociedad civil no atendió al llamado y Vasconcelos salió del país. Tras el gobierno de Lázaro Cárdenas, hubo otro escándalo electoral. Era 1940 y Manuel Ávila Camacho resultó presidente sucesor. Uno de sus contrincantes, Juan Andrew Almazán, denunció un proceso fallido y con sospechas de fraude. El periodo presidencial continuó sin interrupciones. Adolfo Ruiz Cortinez, elegido en 1952, tuvo que enfrentar acusaciones similares en torno a su proceso electoral. Las cosas dieron un cambio de tono en 1988. El inicio del periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari estuvo marcado por una sombra funesta desde el principio. Unas horas después de que concluyó la jornada electoral del 6 de julio de aquel año, hubo una pausa en el flujo de información que daba el Colegio Electoral (función que cumplió la Cámara de Diputados) sobre el conteo de votos. Pronto se corrió la noticia de que se “cayó” el sistema.

Carlos Salinas defiende el TLCAN durante la presentación de su libro — El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. (@albert_mudez/archivo)

De acuerdo con el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Barlett, lo alarmante de ese día fue que se proclamó como presidente a Salinas de Gortari sin que cifras que lo respaldaran, pues los votos no habían terminado de contarse. Esa misma noche, los otros tres candidatos presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clothier y Rosario Ibarra denunciaron un fraude electoral ante la Secretaría de Gobernación. Todo parecía apuntar, desde aquel momento, que había mano negra en el proceso. De acuerdo con el licenciado Cárdenas, el resultado final no fue el único hecho sospechoso:

La jornada electoral estuvo plagada de delitos, atropellos e irregularidades, como lo estuvo todo el proceso, desde la violencia que se desató el día de las elecciones en innumerables casillas hasta el día en que se calificó la elección presidencial en la Cámara de Diputados, pasando en ese lapso por los comités distritales, donde se concentraron los paquetes de votos, los centros de cómputo oficiales y los colegios electorales.

La historia del fraude terminó con la transformación del Frente Democrático Nacional (que representaba Cárdenas) en el Partido Revolucionario Democrático, que se formó tras una serie de movilizaciones sociales, protestas e intentos fracasados de revertir el llamado "fraude".

La creación del Instituto Federal Electoral y el actual Instituto Nacional Electoral

Después de los escándalos del 88, la estructura del sistema político comenzó a atender el grave problema de los atentados contra la democracia. A partir del 11 de octubre de 1990 comenzó a funcionar el Instituto Federal Electoral (IFE), primer órgano del Estado responsable de planear y verificar los procesos electorales de la nación. En 1991 se instituyó el empleo de la credencial de elector como único documento oficial para votar. Finalmente, en 1994 se inauguró la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), como un refuerzo del ejercicio democrático. El problema parecía estar listo para resolverse. Apenas en 2014, una reforma constitucional rediseñó la institución electoral y le dio carácter nacional. El objetivo fue homologar los procesos electorales a nivel local y federal, para asegurar su efectividad. De esa forma se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo Consejo General está compuesto por 11 ciudadanos que elige la Cámara de Diputados. Sus objetivos principales son cuatro:

organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos (si estos lo solicitan);
garantizar la difusión de campaña de los candidatos independientes;
verificar que haya 2% de la lista nominal, para solicitar que se lleven a cabo las consultas populares y realizar todo lo necesario en cuanto a su organzación, cómputo de votos y declaración de resultados; y, finalmente,
fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.

Actualmente, la Fepade define el delito electoral como un mecanismo de acción y omisión que pone en riesgo “el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible”. La Fiscalía es el principal instrumento de consulta y denuncia en el proceso electoral. Tiene una versión en línea y cualquiera puede acceder a ella en este portal para comunicarse con las autoridades.

Lorenzo Córdova, presidente del INE. (Reuters, archivo)

Las acusaciones de López Obrador

A pesar de que el sistema democrático se ha reforzado, hay dos casos en la historia reciente del país en los que un candidato aseguró que se cometió fraude en el ejercicio democráticio. Ambas acusaciones son sostenidas por la misma persona: Andrés Manuel López Obrador. El resultado de las elecciones de 2006, en las que salió ganador Felipe Calderón, hubo denuncias de que se realizó un mal conteo de votos (y una serie de irregularidades en el proceso electoral) y que le habían arrebatado la presidencia legítima al candidato Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo un grupo de especialistas en matemáticas y métodos cuantitativos de la UNAM:

El día 3 de agosto del 2006, reunidos en un seminario especial de trabajo en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 61 investigadores y científicos de diversas disciplinas pertenecientes a 25 instituciones del país, tras analizar y discutir cuidadosamente los resultados de trece estudios realizados en México y uno en la Universidad de Cornell, Estados Unidos de Norteamérica, con base en los datos publicados por el IFE, concluyeron que en la elección de presidente de la república del 2 de julio del 2006 hubo anomalías numéricas lo suficientemente evidentes que no permiten decir que se haya cumplido con el principio rector de certeza.

Según las gráficas del IFE, Calderón recibió el 35.89% de los votos totales y López Obrador, el 35.31%. La Fepade declaró válida la elección de Felipe Calderón. En 2012, otra denuncia de fraude electoral tuvo lugar, ahora contra Enrique Peña Nieto. En esa ocasión, el ganador obtuvo 38.21% de los votos y su contrincante más fuerte, López Obrador, el 31.59%. Según las acusaciones, el fraude se habría desarrollado desde los procesos de campaña por medio de financiamiento ilícito y reparto de tarjetas bancarias entre los representantes de casilla. También se declaró válida esa elección.

¿Qué pasa con el proceso actual?

El actual Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá sus primeras elecciones presidenciales. Según el senador Manuel Bartlett:

"Los nueve consejeros electorales del INE tiene una estructura nacional con un presupuesto de más de 24 mil millones de pesos, Servicio Profesional Electoral (consejeros, vocales, supervisores, capacitadores, asistentes electorales) regido por un Estatuto de premios y castigos discrecionales. Operan a través de un sistema de tareas precisas, diseñadas específicamente para asegurar la fuel traducción voto ciudadano en instituciones: geografía electoral; padrón y lista de electores; ubicación de casillas, insaculación de funcionarios de Mesas Directivas; capacitación; reglamentación, lineamientos, criterios, formatos de resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos; documentos y materiales electorales; fiscalización de ingresos y egresos partidistas; adjudicación de prerrogativas partidistas; organización de la jornada electoral; escrutinios y cómputos”

Además, y a diferencia de otras elecciones, el INE ahora está dotado de “medios de impugnación”, de “nulidad de elecciones” por “exceder topes de campaña”, por “contratar o adquirir cobertura informativa en radio y televisión, fuera de la legalidad” o por “recibir, utilizar, recursos ilícitos o públicos en las campañas”. Por otro lado, el senador asegura que un fraude no es algo que suceda “en el vacío” ni una “abstracción” sino que se hace con aquellas pequeñas y grandes omisiones en la investigación y seguimiento de denuncias de prácticas específicas durante el ejercicio democrático. Para él, el INE, su organización y recursos, están diseñados para evitar el fraude, pero para que sea efectivo y confiable, debe existir el compromiso de los consejeros quienes no deben ser simples observadores “en las alturas” sino que deben de estar presentes y procurar cada fase.