Sin duda, 2019 fue un año marcado a nivel mundial por las protestas. Los ciudadanos de distintos países -incluido México- salieron a las calles para hacer escuchar sus voces que entonan diversos reclamos. ¿Se trata de una crisis del sistema o son problemáticas que responden a problemáticas distintas?, ¿hasta dónde llega la gente con tal de cambiar transformar su entorno?
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A continuación presentamos apenas una muestra de todas las manifestaciones acontecidas durante el 2019.
México: contra la misoginia y la violencia de género
Las cifras de feminicidios y otras formas de violencia de género siguen en aumento en nuestro país. Según el Informe de Incidencias Delictivas y Llamadas al 911 del Gobierno de México, en la República Mexicana se presentaron 638 feminicidios (33 de ellos en la Ciudad de México) de enero a abril de 2019.
Además de las alarmantes estadísticas, hubo múltiples casos de asesinatos de mujeres. Tan solo en plenas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México aconteció el feminicidio de la estudiante Lesvy Martínez de 22 años, cometido por su propia expareja. Fue un caso en el que se presentaron irregularidades y que se resolvió, en buena medida, por la lucha de la madre de la universitaria.
En este contexto y a falta de políticas efectivas para disminuir los crímenes en contra de las mujeres, se realizaron marchas en distintos puntos del país. Una de las más emblemáticas fue la llamada Brillanteada, llevada a cabo el 16 de agosto por aproximadamente 6,500 mujeres en la CDMX. Muchas iban con pañuelos morados o verdes tapándoles el rostro y con brillantina, como la que arrojaron al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.
En respuesta a las manifestaciones, el Gobierno de la CDMX se comprometió a implementar 11 medidas entre las que destaca la creación del Registro Público de Agresores Sexuales.
Mientras tanto, las mexicanas realizaron otra marcha el lunes 25 de noviembre llamada Ni una menos, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Líbano: ¿la revolución de WhatsApp?
Una protesta en Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)
Todo se desencadenó por la propuesta del gobierno libanés por los nuevos impuestos, entre ellos destacó uno a los mensajes de voz de WhatsApp, una medida que vista desde afuera puede parecer ridícula, pero es un reflejo de la desesperación del gobierno por hacerse de más recursos. Y es que Líbano tiene un deuda que en el 2018 se calculó del 140% de su producto interno bruto (PIB), de acuerdo con Plumas Atómicas.
Para los ciudadanos el problema es la gran corrupción de la clase política. Es por ello que tomaron las calles para demandar cambios de fondo. Las manifestaciones se han caracterizado no tanto por la violencia, sino por su festividad; los jóvenes protestan de día y organizan raves durante la noche. “El techno nos une” se lee uno de los carteles de las fiestas improvisadas en las calles, en donde converge gente de distintos credos y afiliaciones políticas.
Al principio, se retiró la propuesta del impuesto al servicio de mensajería y el primer ministro Saad Hariri tomó otras medidas, como el recorte del 50% de los salarios de los funcionarios de más alto nivel del gobierno. No obstante, esto no fue suficiente y las protestas se recrudecieron. Finalmente, Hariri renunció a su puesto con la esperanza de aligerar las tensiones que imperan en el país. Pero no fue el caso, la gente ahora quiere un cambio estructural.
No espero un efecto dominó, lo que veo es que Hariri es desechable para el régimen que tratamos de derrocar. En lo que la gente se debe enfocar ahora es que necesitamos encontrar una alternativa. Tenemos un problema que tiene su origen en el sistema de toma de decisiones y la relación entre ciudadanía y estado”, explica Ali Dirani, un manifestante, a The Guardian.
Los manifestantes señalan que la infraestructura del país no ha sido renovada desde principios de los noventa, cuando terminó la guerra civil. Por lo que diario sufren cortes de agua y electricidad.
Chile: el milagro chileno, ¿un espejismo?
En apariencia, las protestas en Chile comenzaron a mediados de octubre por un aumento de 800 a 830 pesos chilenos el costo de transporte en las horas pico del metro de Santiago.
La realidad es que en la nación sudamericana este es uno de los más caros del mundo. La clase baja en Chile, en promedio, gastan 30% de sus ingresos en transporte, de modo que recurren al endeudamiento para cubrir sus necesidades, según el portal Plumas Atómicas.
El hecho es que en los últimos años los chilenos han recibido múltiples golpes a su economía, principalmente los estudiantes. De ahí que sean ellos los que encabecen las protestas. Y es que solo 11% de los universitarios provenientes de familias de clase baja logran graduarse.
En respuesta, fue decretado un toque de queda en diez regiones de Chile (situación que no se presentaba desde la dictadura pinochetista) y el presidente Sebastián Piñera volcó cada vez más militares y carabineros para confrontar a las multitudes en las calles. Lo cual fue contestado con más manifestaciones y actos violentos.
Hubo un abuso de la fuerza, en contra de los derechos humanos, reconocido por el mandatario.
En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”.
Los jóvenes que se manifestaron en la calles fueron lesionados por las granadas de gas y perdigones que disparan las fuerzas de seguridad, reporta Plumas Atómicas. En concreto, según Pilar Marín, representante de Amnistía Internacional, hay evidencia contundente de que “las personas están siendo intencionalmente atacadas en las partes superiores del cuerpo” y que a eso se deben los más de 197 casos de daño ocular irreparable.
Estas protestas responden a una falta de cambio. “La gente está decepcionada y siente que el sistema político la priva de sus derechos”, dice Christopher Sabatini, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia.
En noviembre, con el objetivo de alcanzar la paz, el Congreso chileno anunció un acuerdo para hacer una nueva Constitución, que reemplazaría la de la época de Augusto Pinochet. La medida está sujeta a un plebiscito que se llevaría a cabo en abril de 2020, entre los ciudadanos.
Hong Kong: el derecho a la protesta en peligro por las cámaras de reconocimiento facial
Como si se tratara de una distopía sacada de un libro, en Hong Kong estudiantes se enfrentan a la policía de su país, tienen que cubrir sus rostros con máscaras o pintura porque la ciudad está cubierta con cámaras que cuentan con tecnología de reconocimiento facial. Exigen la retirada del proyecto de ley de extradición a China, impulsado por el gobierno de Carrie Lam. La norma es considerada como una pérdida de autonomía ante China.
En 1997, Hong Kong fue devuelto por Reino Unido al control de China, que prometió un alto grado de autonomía a los hongkoneses. Por ejemplo, Hong Kong cuenta con un poder judicial independiente, así como con libertades de la época en que pertenecían a Reino Unido y que no tienen los chinos.
Carrie Lam presentó un proyecto de ley que permitiría extraditar a presuntos delincuentes a China, lo que al parecer de los opositores a la iniciativa expondría a los hongkoneses a torturas y juicios injustos o con motivaciones políticas.
En junio, la jefa ejecutiva de Hong Kong declaró suspendido el proyecto y en julio fue eliminado. Pese a esto, millones de personas tomaron de nuevo las calles de la ciudad y pidieron su renuncia, pues no confían en la palabra del gobierno.
Por su parte, China sigue muy de cerca la situación y acusa a Estados Unidos de interferir en la región.
Asimismo, los manifestantes antigubernamentales han tomado diversas instituciones de educación superior. En respuesta, la policía ha allanado los planteles para detener a los manifestantes, que los han recibido con bombas molotov y flechas.
Para evitar las cámaras de reconocimiento facial, los manifestantes habían usado máscaras, pero Carrie Lam invocó un ley de origen feudal para prohibirlas, sin embargo el Tribunal Superior de Hong Kong dictaminó que dicha proscripción es anticonstitucional.
En este contexto, no es de extrañar que en las elecciones del domingo 24 de noviembre los candidatos prodemócratas, que en muchos de los casos apoyaron las protestas, arrasaron. La jefa ejecutiva esperaba que una “mayoría silenciosa”, que estaría en contra de las protestas, apoyaría a los políticos pro-Beijin, sin embargo este no fue el caso y no tuvo más que reconocer la derrota, como reportó previamente Noticieros Televisa.
Bolivia: en contra y a favor de Evo
Tras un proceso electoral cuestionado por distintos observadores internacionales el 20 de octubre de 2019, Evo Morales se reeligió como presidente de Bolivia. Sin embargo, pocas horas después, el 10 de noviembre, anunció su renuncia.
Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”, dijo Morales a través de la televisión, aludiendo a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra, desatadas el día siguiente de los comicios del 20 de octubre”.
Ese mismo día recibió una avalancha de renuncias de altos funcionarios de su administración, así como llamados a renunciar de los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, tal como se lee en la crónica de Noticieros Televisa.
Morales, de 60 años, llevaba casi 14 años en el poder a través de modificaciones a la constitución de su país. Sin embargo perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, mientras miles de personas exigían su renuncia en las calles.
La situación adversa para el líder indígena y su familia lo llevó a él a exiliarse a México, donde recibió asilo político. El político denuncia que fue víctima de un golpe de estado al que “se sumó la OEA” y dice que renunció para parar “la violencia ejercitada por la derecha”.
Mientras tanto, el gobierno de la presidente interina Jeanine Áñez presentó una denuncia penal contra Evo Morales por “sedición y terrorismo” con motivo del presunto llamado de Morales a cercar las ciudades mediante bloqueos en un audio difundido por autoridades.
De los días posteriores a la elección hasta mediados de noviembre, van 715 heridos, 57 detenidos y 32 fallecidos a consecuencia de los enfrentamientos de la población en contra de Evo Morales o aquellos en contra de Jeanine Áñez, por un lado, y las autoridades, por el otro.
Pese a sus cuestionadas reelecciones, Evo Morales sigue contando con un sinnúmero de simpatizantes en Bolivia que han salido a las calles con sus whipalas (banderas de los pueblos originarios) al grito de “¡no está solo, Evo no está solo!”.
Francia: un año de chalecos amarillos
La esperanza que despertó la presidencia de Emmanuel Macron se vio opacada por el color amarillo que visten manifestantes desde hace más de un año en Francia.
El descontento inició por un alza de los combustibles. Una mujer de nombre Jacline Mouraud denunciaba en un video publicado en Facebook “una cacería de conductores” por parte de Macron.
Las protestas iniciaron el 17 de noviembre de 2018 con acciones sin precedentes al margen de cualquier partido o sindicato. Durante la jornada, una persona falleció y 227 resultaron heridas, siete de ellas graves. Fue el primero de varios enfrentamientos entre la ciudadanía y las autoridades.
Desde la perspectiva de los llamados gilets jaunes (chalecos amarillo), la carga fiscal del país había caído sobre las clases media y baja, y por lo tanto, exigían bajar el impuesto a las gasolinas y vienes esenciales, reintroducir el impuesto de solidaridad a la fortuna (ISF), incrementar el salario mínimo y la implementación del referendo de iniciativa ciudadana (RIC).
Por fin, el gobierno francés puso freno al aumento del combustible en diciembre de 2018, sin embargo, para entonces, ya era muy tarde, los chalecos amarillos no desistirán hasta que no se lleven a cabo los cambios estructurales que exigen.
Christophe Castaner, ministro del Interior, señaló a los “sediciosos” de la “ultraderecha” como responsables. Y si bien no existe una ideología compartida por todos los chalecos amarillos, sí hay acusaciones en contra de elementos extremistas antisemitas.
Hasta ahora, a consecuencia de los enfrentamientos contra la policía por las protestas, 11 ciudadanos han muerto, 2,500 han resultado heridos y 1,797 elementos del estado han sufrido lesiones.
Venezuela: crisis presidencial
Protestas en Venezuela. (AP Photo/Rodrigo Abd)
El 10 de enero de 2019 la Asamblea Nacional de Venezuela declaró a Nicolás Maduro como un usurpador del cargo de presidente de Venezuela, por lo que Juan Guaidó, al ser presidente de la Asamblea Nacional, tomó juramento como presidente encargado del país.
Previamente, en las elecciones de mayo de 2018, el presidente Nicolás Maduro resultó reelegido en un proceso cuestionado por diversos actores políticos nacionales e internacionales, tal como reportó la BBC.
Guaidó fue reconocido por más de cincuenta países como presidente, incluyendo el Grupo de Lima a excepción de México, varios estados integrantes de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y naciones como Estados Unidos, Australia, Japón e Israel. Mientras que veinte países reconocen a Maduro, incluyendo algunas naciones del ALBA como Cuba y Nicaragua, además de países aliados de Venezuela como China, Turquía y Rusia. Mientras que diecisiete países se han declarado neutrales a esta crisis, junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Vaticano.
Manifestaciones a favor del oficialismo y de la oposición (o gobierno de transición) se han presentado en Venezuela a lo largo del 2019 con un saldo de 51 muertos y aproximadamente 850 detenidos. Ambos lados acusan al otro de recibir ayuda de aliados extranjeros. El fin de esta situación no parece cercano.
